A partir de este martes 25 de agosto es ilegal que los gobiernos locales y autoridades municipales en todo el estado de Nueva York ayuden, cooperen o trabajen de manera conjunta con agentes de ICE o realicen labores de inmigración. La medida podría “dar un respiro” a miles de neoyorquinos indocumentados o sin estatus definido que están expuestos a ser detenidos y deportados bajo el estricto plan de la administración Trump, que desde enero del año pasado ya ha expulsado a más de 600,000 inmigrantes.
La llamada ley “Policías locales, delitos locales”, aprobada recientemente por la Legislatura estatal e impulsada por la gobernadora, Kathy Hochul, como parte de las medidas para implementar más protecciones a las comunidades inmigrantes ante la escalada de operativos de ICE, pone fin a los acuerdos 287(g) en todo el estado.
Dichos pactos permitían que autoridades locales, como el condado de Nassau, en Long Island, ayudaran a ‘la migra’, para la aplicación de leyes civiles de inmigración federales, pero la mandataria neoyorquina advirtió de ahora en adelante compromisos similares deben rescindirse. El objetivo no solo es dar un alivio a inmigrantes que viven y trabajan en el Estado sino también que las fuerzas del orden municipales y estatales centren sus labores en combatir delitos locales y priorizar la seguridad pública local en lugar de la agenda de deportación masiva del gobierno federal.
“Aquí en Nueva York, necesitamos policías locales centrados en mantener seguras a nuestras comunidades, no actuando como agentes ‘de facto’ de ICE, ni aplicando leyes migratorias civiles, ni llevando a cabo la insensible agenda migratoria de la administración Trump”, aseguró la gobernadora Hochul, quien sin embargo siempre ha manifestado que cuando se trate de inmigrantes que cometan crímenes violentos y sean requeridos por un juez, será la primera en colaborar con las autoridades.
“Por eso impulsé nuestra nueva ley que prohíbe los acuerdos 287(g) y garantiza que los policías locales sigan concentrados en los delitos reales de nuestras comunidades. A partir de ahora ICE ya no podrá pedir a policías financiados localmente para que ayuden a una agencia federal fuera de control que cuenta con un presupuesto de $85,000 millones de dólares”, recalcó la líder demócrata.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la organización New York Immigration Coalition, que vela por los derechos de los inmigrantes en la Gran Manzana, destacó que el trabajo conjunto de autoridades locales con ICE afecta la seguridad y evita que neoyorquinos se sientan seguros de denunciar cuando son víctima de delitos, debido al temor a que su estatus migratorio sea reportado a las autoridades de inmigración, por lo que aplaudió la nueva normativa.
“La cancelación de los acuerdos 287(g) es una victoria crucial para los neoyorquinos inmigrantes y para la seguridad pública en todo el estado”, dijo el líder neoyorquino. “Mientras ICE intensifica sus tácticas de control migratorio y siembra el miedo entre los inmigrantes de Nueva York, poner fin a estos acuerdos envía un mensaje contundente: Nueva York no permitirá que su policía local sea utilizada como una extensión de la agenda de deportaciones masivas de Trump”.
A pesar de la nueva normativa estatal, que ha sido duramente criticada por el presidente Donald Trump, quien intentó bloquearla a través del Departamento de Justicia hasta que un tribunal federal permitió que entrara en vigor, a gran interrogante es si la ley se cumplirá a cabalidad. Líderes comunitarios e inmigrantes instan a que se tomen medidas estrictas que aseguren que las cooperaciones entre policías locales y agentes de ICE realmente se acaben.
Y es que en ciudades como la Gran Manzana, que no cuenta con ese tipo de pactos con ‘la migra’, en varias ocasiones se ha denunciado que de vez en cuando uniformados han cooperado con agencias federales entregando a inmigrantes, sin que haya consecuencias.
“Instamos a los líderes estatales y locales a seguir tomando todas las medidas necesarias para garantizar que las agencias del orden público de Nueva York rindan cuentas ante las comunidades a las que sirven, y no ante ICE”, dijo Awawdeh. “Este triunfo también debe servir de advertencia: cualquier gobierno local o agencia del orden público que aún no haya rescindido su acuerdo 287(g) enfrentará todo el peso de acciones legales para asegurar el cumplimiento de la ley del estado de Nueva York”.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, una de las voces más defensoras de los derechos de los inmigrantes, también manifestó su compromiso de que su oficina defenderá el cumplimiento d ela nueva ley y advirtió a las agencias locales y fuerzas del orden que emprenderá acciones legales para garantizar el cumplimiento pleno y que no se quede en letra muerta.
“Esperamos que todas las agencias policiales de Nueva York cumplan con las leyes del Estado. A través de la Oficina de Confianza para Inmigrantes (Office of Immigrant Trust), mi oficina seguirá colaborando con los profesionales de las fuerzas del orden en todo el estado para asegurar que comprendan sus obligaciones”, dijo la Fiscal. “Estamos preparados para hacer cumplir la ley si no se respetan dichas responsabilidades. La verdadera seguridad pública requiere confianza pública, y estamos comprometidos a garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos”.
La senadora estatal Julia Salazar, mencionó que el alcance de la ley no solo aplica para labores de arresto de inmigrantes sino también a acuerdos en los que autoridades locales usan recursos para mantener encarcelados a los detenidos.
“Hay varias cárceles locales en nuestro estado que, vergonzosamente, encarcelan a neoyorquinos a petición de ICE, apoyando directamente los esfuerzos de la administración federal para detener violentamente a nuestros vecinos, separar a las familias de sus comunidades y deportar a personas, a menudo con poco o ningún debido proceso”, dijo la política de origen colombiano. “Con la entrada en vigor de la ley Policías locales, delitos locales, la participación de Nueva York en la detención de inmigrantes llegará finalmente a su fin”.
Se estima que antes de 2025, solo uno de los 62 condados de Nueva York tenía un acuerdo 287(g) con ICE y casi una decena en cumplimiento de otro tipo de cooperaciones como encarcelamiento, mientras que 53 condados nunca han suscrito un pacto similar, siete de los cuales figuran entre las 25 comunidades más seguras de Estados Unidos
Datos
- La nueva ley pone fin a órdenes ejecutivas de gobiernos locales de NY los acuerdos 287(g) que permiten a los agentes o empleados locales participar o colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración de carácter civil, o desempeñar funciones propias de los agentes federales de inmigración
- La Ley de Policías locales y delitos locales prohíbe a los gobiernos locales y a las agencias policiales y penitenciaras estatales y locales suscribir acuerdos 287(g) nuevos o convenios similares que utilicen recursos locales para detener a personas por infracciones a las leyes federales de inmigración
- 27 de mayo de 2026 la ley entró en vigor.
- 25 de agosto de 2026 era el plazo final para que todos los acuerdos 287(g) existentes se acabaran
- La ley declara cualquier acuerdo 287(g) “nulo y sin efecto en su totalidad” a partir de esa fecha
- Los agentes locales ya no pueden participar en la aplicación de leyes civiles de inmigración, lo que incluye interrogar sobre el estatus migratorio o detener a personas basándose en órdenes de detención de ICE
- La Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y la recién creada Oficina de Confianza para Inmigrantes supervisarán el cumplimiento de la nueva normativa.
- La Fiscal General de NY asegura que las agencias que no cumplan se enfrentarán a acciones legales.
- La ley también Establece una ley estatal que permita a los neoyorquinos entablar demandas contra funcionarios gubernamentales federales, estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales
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