La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, presenta la Ley Mirabal en la Cámara de Diputados, la iniciativa dedica otro apartado a la violencia patrimonial contra las mujeres, que también sería castigada con cinco a 10 años de prisión.

Entre las conductas sancionadas figuran dañar, destruir, sustraer, retener u ocultar sin derecho bienes pertenecientes a una mujer, incluidos sus documentos personales, herramientas de trabajo o estudio.

También contempla impedirle, mediante amenazas o intimidación, utilizar, administrar o disponer de bienes sobre los que tenga derechos, incluida la vivienda que habita. De igual manera, el proyecto sanciona la transferencia, el gravamen o el ocultamiento fraudulento de bienes comunes cuando se realicen para perjudicar los derechos patrimoniales de la mujer.

El documento aclara que las controversias sobre la titularidad, administración o división de bienes compartidos no constituyen por sí solas estas infracciones. Para sancionar el desvío de beneficios de una actividad económica común o el fraude sobre bienes compartidos, debe existir el propósito de privar a la mujer de su autonomía económica o patrimonial.

El proyecto establece que las infracciones de este capítulo se castigarán con la pena máxima de prisión y multa cuando se presenten determinadas circunstancias agravantes.

Entre ellas figuran que la víctima sea una niña o adolescente y el autor conozca esa condición, que esté embarazada o en período de posparto, que se le cause daño corporal grave, que se utilicen armas para intimidarla o que los hechos se cometan en presencia de niños, niñas o adolescentes.

También se contemplan como agravantes las amenazas de muerte, la privación de libertad, el incumplimiento de una orden de protección vigente y conocida por el autor, la participación de dos o más personas y el abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima.

Además, cuando una infracción de este capítulo provoque una lesión o incapacidad permanente, el proyecto prevé penas de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.

La propuesta forma parte del proyecto de Ley Mirabal, que actualmente estudia una comisión bicameral del Congreso Nacional.

La pieza fue presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, quien pidió a los congresistas agilizar la pieza para evitar que perima por retrasos legislativos.