Santo Domingo. – El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a la Procuraduría General de la República (PGR) al pago de más de RD$7.5 millones por incumplir una orden judicial que disponía la devolución de bienes incautados a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de la presunta estafa al Estado y sabotaje de la red semafórica.
La decisión fue adoptada por la jueza Patricia Padilla, quien liquidó el astreinte impuesta al MP tras determinar que incumplió la resolución emitida el año pasado que ordenaba la devolución de los bienes ocupados durante la investigación.
De acuerdo con la Resolución No. 058-2026-SOTR-00044, al momento de conocerse la solicitud el Ministerio Público había devuelto la mayoría de los objetos retenidos, quedando pendiente únicamente un teléfono celular Samsung S3, del año 2012, valorado en aproximadamente RD$3,000.
El Ministerio Público sostuvo que el dispositivo permanecía en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la extracción de información que sería utilizada como evidencia en la acusación y que posteriormente fue trasladado al almacén de evidencias durante la mudanza de las antiguas instalaciones de la Procuraduría, situación que retrasó su localización.
Sin embargo, la magistrada concluyó que el órgano acusador no acreditó suficientemente la imposibilidad de cumplir con la decisión judicial, por lo que ordenó el pago íntegro de la sanción económica.
Entre los bienes ya restituidos a Álvarez Carbuccia figuran dos teléfonos iPhone, una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2017, una computadora MacBook, cinco relojes y 17 cartuchos calibre 12, entre otros objetos.
Álvarez Carbuccia forma parte de los diez imputados en el proceso judicial que también involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez, quienes enfrentarán juicio de fondo a partir del 11 de agosto por presuntos actos de corrupción, sabotaje a la red semafórica, delitos de alta tecnología, robo de identidad y lavado de activos.
Ministerio Público apelará la decisión
Tras conocerse la sentencia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que recurrirá en apelación la decisión, al considerar que está «plagada de graves vicios procesales».
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado sostuvieron que la jueza Patricia Padilla emitió el fallo pese a que, según alegan, el tribunal había quedado desapoderado del proceso desde el 24 de octubre de 2025, cuando el expediente fue remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Asimismo, el Ministerio Público afirmó que la decisión desnaturaliza la figura del astreinte al convertirla, a su juicio, en una indemnización a favor de un imputado por corrupción administrativa.
«Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación», indicó el fiscal Jonathan Pérez, quien recordó que el juicio de fondo iniciará el próximo 11 de agosto ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La Pepca también argumentó que el tribunal actualmente apoderado del proceso carece de competencia para conocer una reclamación de esa naturaleza, al no tratarse de un tribunal de lo contencioso administrativo.
Origen del caso
El conflicto se remonta a junio de 2025, cuando el mismo tribunal, mediante la Resolución No. 058-2025-SOTR-00041, ordenó al Ministerio Público devolver de manera inmediata varios bienes retenidos a Álvarez Carbuccia, entre ellos una camioneta Chevrolet Tahoe 2017, equipos de cómputo, relojes de lujo y teléfonos celulares.
En esa ocasión, la jueza estableció una astreinte de RD$20,000 diarios por cada día de incumplimiento, sanción que ahora fue liquidada en más de RD$7.5 millones al determinarse que la orden judicial no fue ejecutada dentro del plazo establecido.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria en el Intrant como parte del presunto entramado de corrupción que involucra a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros imputados, quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, sabotaje a la red semafórica, delitos de alta tecnología y otras infracciones penales.
