Una corte federal desestimó el viernes la demanda del gobierno del presidente Donald Trump que trataba de frustrar las restricciones que Nueva Jersey había impuesto al acceso de los oficiales federales de inmigración a propiedades estatales no públicas.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey desestimó la demanda del Departamento de Justicia (DOJ) contra Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill, que impugnaba la Orden Ejecutiva 12, la cual limita el uso de propiedades y recursos del estado para objetivos de la ley federal de inmigración civil.
La orden ejecutiva, firmada en el mes de febrero, se emitió en respuesta a la escalada de las tácticas de control migratorio por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva Jersey.
En la sentencia, la jueza de distrito estadounidense Georgette Castner escribió que los fiscales federales no habían “alegado de manera plausible que [la Orden Ejecutiva 12] discrimina contra el gobierno federal en violación de la Cláusula de Supremacía”.
Sherrill aseguró que el ICE no está haciendo que las comunidades de Nueva Jersey sean más seguras, informó Gothamist.
“Una vez más, Trump intentó detenernos, y una vez más, ganamos”, expresó la gobernadora en un comunicado luego de darse a conocer la noticia del despido.
Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey, aseveró que el dictamen protegerá a los empleados estatales y a los residentes.
“Como hemos dicho desde el principio, esta orden ejecutiva era claramente legal y subraya el compromiso de la administración Sherrill de proteger la seguridad de los trabajadores y residentes de nuestro estado”, explicó en un comunicado.
Por su parte, las organizaciones de defensa de los inmigrantes y de los derechos civiles celebraron el fallo también.
“Todos los residentes de Nueva Jersey merecen sentirse seguros al entrar en propiedades estatales, y Nueva Jersey tiene la autoridad para garantizar esa seguridad”, declaró Jeanne LoCicero, directora legal de la ACLU de Nueva Jersey. “Con el desistimiento de esta demanda, Nueva Jersey puede seguir utilizando los recursos estatales para promover comunidades sanas y democráticas“.
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