La administración del presidente Donald Trump arremetió esta semana contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, por negarse a colaborar con las autoridades federales de inmigración, durante una rueda de prensa en la que fueron divulgados detalles de la operación ‘Rotten Apple’ o ‘Manzana Podrida’.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que el operativo, desarrollado durante las últimas cuatro semanas en distintas zonas del estado de Nueva York, permitió detener a más de 2,100 migrantes en situación irregular, entre ellos personas con antecedentes o condenas por delitos graves.
Mullin sostuvo que la operación fue lanzada ante la negativa de las autoridades locales a trabajar conjuntamente con el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y acusó a Mamdani de intentar obstaculizar la labor policial.
El funcionario cuestionó al alcalde por sus posiciones frente a las operaciones migratorias y afirmó que la administración municipal pretende reducir el presupuesto de la policía de Nueva York mientras mantiene políticas que presuntamente dificultan la cooperación con las autoridades federales.
“Tenemos a un alcalde liberal socialista en Nueva York quien, en lugar de trabajar con las autoridades policiales, trata de socavar esta labor”, afirmó Mullin.
El secretario también dirigió sus críticas contra Hochul por poner fin al acuerdo bajo el programa 287(g), que permite a determinadas agencias policiales estatales y locales colaborar con agentes federales en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
Mullin afirmó que las autoridades de Nueva York han liberado a miles de personas sobre las que ICE había emitido órdenes de detención. Aseguró que, de acuerdo con los registros del departamento, alrededor de 13,000 personas que se encontraban bajo custodia estatal fueron liberadas pese a las solicitudes de ICE para que fueran entregadas a las autoridades migratorias.
“Como se niegan a trabajar con nosotros bajo el programa 287(g), vamos a enviar toda la gente que sea posible para restablecer la ley y el orden”, declaró.
ICE defiende el operativo en Nueva York
Ken Janelo, director de operaciones de deportación de ICE en Nueva York, explicó que las acciones se realizaron entre el 27 de julio y el 29 de agosto en la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle del Hudson.
Janelo insistió en que no se trató de redadas aleatorias, sino de operaciones dirigidas contra personas previamente identificadas por las autoridades. Entre los detenidos mencionó a un ciudadano ucraniano de 50 años con antecedentes por secuestro, posesión ilegal de armas y homicidio; a un ciudadano de India requerido por Alemania por una condena por violación y con una alerta roja de Interpol; y a un ciudadano dominicano acusado de tráfico de drogas.
También fueron arrestadas personas con antecedentes por robos, asaltos, delitos relacionados con armas, narcotráfico y delitos sexuales contra menores.
Janelo, quien nació y creció en Brooklyn, defendió la actuación de ICE y cuestionó las políticas de las llamadas ciudades santuario. “Estas no son las personas que deberían ser protegidas por las políticas de santuario de Nueva York”, manifestó.
Continuarán las operaciones
Phil Rony, director interino de la oficina de ICE en Buffalo, señaló que las operaciones también alcanzaron otras zonas del estado, incluidas Albany, Rochester, Buffalo, la región de Finger Lakes y comunidades cercanas a la frontera con Canadá.
Rony mencionó entre los detenidos a personas de Colombia, Somalia, Vietnam, Camboya y Turquía con antecedentes o condenas por delitos como robo, narcotráfico y otros cargos.
Las autoridades federales insistieron en que continuarán las operaciones en Nueva York pese a la falta de cooperación de algunos gobiernos locales y estatales.
Mullin sostuvo que la administración del presidente Donald Trump está concentrada en aplicar las leyes migratorias federales y rechazó que ICE esté realizando operaciones dirigidas contra comunidades específicas. “No me importa si es un estado demócrata o republicano. Yo voy a protegerlos”, afirmó.
El secretario también defendió la política de deportación de personas que ingresaron sin documentos al país, independientemente de si tienen antecedentes penales, y señaló que corresponde al Congreso establecer las leyes y al DHS hacerlas cumplir.
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