Quince alguaciles de Nueva York presentaron una demanda ayer, horas después de que entrara en vigencia una ley estatal que prohíbe los acuerdos 287(g) autorizados por el Congreso Nacional para coordinar la aplicación de las leyes de inmigración en el ámbito civil entre agencias locales, estatales y federales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, envió también ayer citaciones judiciales a varios condados que, según afirma, no han cumplido con la nueva ley estatal que limita la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reportó NPR. Entre ellos se encuentra el condado Nassau, cuyo ejecutivo es Bruce Blakeman, candidato republicano a gobernador en las elecciones de noviembre.
Times Union informó que Blakeman también había prometido oponerse a la ley que pone fin a los acuerdos formales con las autoridades federales de inmigración; no obstante, su condado no se sumó a la demanda ayer. Blakeman no ha aclarado si disolverá el amplio acuerdo que su condado mantiene con ICE, y su portavoz declinó hacer comentarios sobre la citación de la fiscal estatal.
La querella, presentada por un abogado de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) con sede en Washington DC, se interpuso ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Albany -capital de Nueva York- en nombre de los alguaciles de los condados St. Lawrence, Wayne, Broome, Madison, Cattaraugus, Orange, Jefferson, Saratoga, Lewis, Franklin, Delaware, Fulton, Oswego, Cayuga y Rensselaer. El documento señala que muchos departamentos de policía locales de Nueva York mantienen diversos tipos de acuerdos con agencias federales de inmigración y alega que las leyes de Nueva York que restringen esa colaboración policial constituyen una extralimitación constitucional.
“En conjunto, estas disposiciones hacen más que expresar una preferencia política“, afirma la demanda. “Anulan la capacidad de funcionarios constitucionales elegidos de forma independiente para suscribir contratos autorizados por la ley federal. Al hacerlo, someten las decisiones fundamentales de estos funcionarios en materia de aplicación de la ley a una supervisión y control estatales centralizados. El perjuicio resultante es inminente e irreparable”.
La demanda solicita una orden judicial, tanto temporal como permanente, que prohíba al estado aplicar cuatro nuevas secciones de la Ley Ejecutiva estatal destinadas a limitar la capacidad de los agentes federales de inmigración para colaborar con las fuerzas del orden locales y estatales, incluidos los contratos para alojar a detenidos por cuestiones migratorias en cárceles locales.
Hochul: reducir la delincuencia sin excesos de ICE
La acción legal se presentó ayer unas cinco horas después de que la gobernadora demócrata Kathy Hochul, quien busca ser reelecta, ofreciera una conferencia de prensa en el Capitolio estatal, destacando “su nueva ley para oponerse a los excesos del ICE”.
“Hemos trabajado arduamente para reducir la delincuencia… hasta niveles históricamente bajos, y eso incluye colaborar con el ICE para localizar y detener a delincuentes”, declaró Hochul. “Una vez que son condenados y cumplen su pena, trabajamos con el ICE para garantizar su deportación. Reitero que el estado de Nueva York nunca se convertirá en un santuario para delincuentes. Pero, al mismo tiempo, no estamos hablando de delincuentes, y no nos quedaremos de brazos cruzados cuando el ICE cometa atrocidades en nuestras calles”.
La ley tiene como objetivo impedir que las entidades gubernamentales locales y las agencias policiales o penitenciarias formalicen acuerdos con ICE. Esos acuerdos permiten a las agencias locales actuar como agentes de inmigración o detener a personas retenidas únicamente por infracciones civiles de inmigración. Varios departamentos de alguaciles de Nueva York se habían comprometido a acatar la norma, poner fin a sus acuerdos formales con el ICE y dejar de alojar en sus cárceles a migrantes que solo enfrentaran cargos civiles de inmigración. Sin embargo, alguaciles de otros condados habían manifestado públicamente su oposición a la ley.
Hochul declaró el martes que dos de los 62 departamentos de alguaciles de Nueva York no habían informado a su administración si cumplirían con la ley. “Permítanme ser clara: cualquier departamento de policía u oficina del alguacil que desobedezca esta ley, o que mantenga algún acuerdo con el ICE, enfrentará acciones legales“, afirmó la gobernadora. “Y a quienes nos demandan, a quienes intentan bloquear la aplicación de esta ley: ya lo intentaron antes y fracasaron. Nuestra ley ya ha sido ratificada por los tribunales. Pero si vuelven a intentarlo, les digo: adelante. Los tribunales ya se han pronunciado, pero confío en que volveremos a ganar”.
Hochul estuvo acompañada por varias jefes policiales de Nueva York cuyos departamentos no tienen acuerdos con ICE, incluyendo el de Albany, Brendan Cox; y de Kingston, Egidio F. Tinti, quien afirmó que su agencia no notifica a las autoridades federales de inmigración en relación con ningún arresto que realicen.
Las autoridades policiales locales tenían hasta el martes 25 de agosto para poner fin a los acuerdos formales de cooperación 287(g) con el ICE. La ley, promulgada por la gobernadora Hochul en mayo, también prohíbe a las cárceles locales detener a inmigrantes a petición del ICE.
La gobernadora demócrata y otros defensores de la ley sostienen que protege a los inmigrantes de las medidas agresivas de la administración Trump y mejora la seguridad pública al permitir que la policía local se centre en los delitos de ámbito local.
Blakeman volvió a criticar la nueva ley durante un acto de campaña y afirmó que la cooperación con el ICE ayuda a retirar de las calles a inmigrantes con antecedentes penales. “Los sacamos de Estados Unidos y, al hacerlo, logramos comunidades más seguras”, aseguró.
A principios de este mes, un juez federal emitió un fallo preliminar desestimando una impugnación de la administración Trump contra las nuevas restricciones estatales a la cooperación en materia de inmigración. El juez anuló una disposición de la ley estatal destinada a impedir que los agentes del ICE se cubrieran el rostro mientras estaban de servicio.
“La inmigración es competencia del gobierno federal», declaró Steve McLaughlin, ejecutivo del condado Rensselaer, en una entrevista reciente. “No consideramos que utilizar las herramientas a nuestro alcance suponga infringir la ley”.
El departamento del alguacil de Rensselaer verifica los antecedentes de todas las personas ingresadas en la cárcel del condado mediante una base de datos del ICE. Las autoridades afirman que ello se vería impedido por la nueva ley.
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