El Ministerio Público solicitó cuatro meses adicionales de prórroga para continuar con la investigación y presentar formal acusación contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros implicados en una presunta estafa superior a los RD$15,000 millones contra esa institución.
La solicitud fue depositada ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
El requerimiento deberá ser conocido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tendrá a su cargo notificar a la defensa de los imputados y a los abogados que representan al Estado dominicano.
Asimismo, el magistrado deberá fijar la fecha de la audiencia en la que se conocerá la solicitud de extensión del plazo otorgado al Ministerio Público para profundizar las investigaciones.
La petición fue presentada por Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien encabeza a los fiscales que representan al Ministerio Público en este proceso.
Con esta nueva petición, el órgano acusador busca disponer de tiempo adicional para avanzar en las diligencias investigativas y recopilar los elementos que, según ha planteado, permitirían sustentar su teoría del caso.
La investigación del caso Senasa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y procesos administrativos dentro de la institución.
Además de Santiago Hazim, son investigados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario Las Parras.
Asimismo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina permanecen bajo arresto domiciliario.
Según la investigación, la estructura habría operado mediante contratos y procedimientos presuntamente irregulares para desviar recursos públicos, hechos por los que los encartados enfrentan cargos por corrupción, asociación de malhechores y otros delitos previstos en la legislación penal.
