Santo Domingo.- La entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un paso importante para el sistema de justicia dominicano, pero también trae consigo una serie de retos, desafíos institucionales, jurídicos y sociales que deberán ser enfrentados para garantizar su correcta aplicación, según coincidieron especialistas durante el panel “Perspectiva de la implementación del Código Penal”, organizado por el Defensor del Pueblo y la Universidad APEC (Unapec).
Entre los principales desafíos figura la capacitación de jueces, fiscales, defensores públicos, policías e investigadores, quienes deberán actualizar sus conocimientos sobre los nuevos tipos penales y las disposiciones contempladas en la legislación.
Como indica la magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien considera que uno de los principales retos será la transición entre el antiguo y el nuevo Código Penal, debido a la coexistencia de ambas normativas y a la aplicación de principios como la legalidad y la retroactividad de la ley penal más favorable.
Asimismo, será necesario que las instituciones involucradas adecúen sus protocolos de actuación, fortalezcan la coordinación interinstitucional y cuenten con mayores recursos humanos, tecnológicos y forenses para responder a las exigencias del nuevo marco legal, así como la determinación de la responsabilidad de autores, coautores y cómplices.
Otro de los aspectos señalados es la necesidad de informar a la ciudadanía sobre los cambios introducidos por el Código Penal, de manera que conozca sus derechos, deberes y las nuevas sanciones establecidas, como lo indica la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quien señalo que la resistencia al cambio será uno de los principales desafíos, al afirmar que la reforma representa una transformación del pensamiento jurídico penal dominicano y no solo una modificación de la ley.
Expertos también advierten que la incorporación de nuevos delitos podría generar distintos criterios de interpretación durante los primeros años de vigencia, hasta que los tribunales sienten precedentes mediante la jurisprudencia, como los relacionados con el cibercrimen, el sicariato, el feminicidio y otras conductas que ahora cuentan con sanciones específicas, lo que requerirá criterios uniformes por parte de jueces y fiscales.
De su lado, el catedrático de derecho Ricardo Rojas León afirmó que el nuevo Código Penal incorpora mecanismos para enfrentar delitos que han surgido con la evolución de la sociedad y la tecnología. No obstante, señaló que en algunos casos también contempla un aumento en las sanciones. En ese sentido, consideró que será fundamental el rol de los jueces, quienes deberán garantizar que las penas se apliquen de manera proporcional y tomando en cuenta las particularidades de cada proceso.
De su lado, el jurista Miguel Valerio sostuvo que la reforma del Código Penal responde a la necesidad de adecuar la legislación a las nuevas formas de criminalidad que han surgido en los últimos años. Explicó que el nuevo marco legal incorpora figuras delictivas que antes no estaban tipificadas o no contaban con una regulación específica, como el sicariato, las agresiones con sustancias químicas, la conducción temeraria y diversos delitos de carácter económico y tecnológico.
En la misma línea, Harold Modesto, profesor de Derecho Penal de la Unapec, señaló que, aunque el nuevo Código Penal representa un avance en la modernización del marco jurídico, aún presenta algunos aspectos que podrían generar debates durante su aplicación. Explicó que existen disposiciones cuya redacción deja espacio a distintas interpretaciones, entre ellas la definición de lo que constituye un arma y la clasificación de ciertos funcionarios públicos, por lo que consideró que estos puntos podrían requerir criterios claros por parte de los tribunales para garantizar una aplicación uniforme de la ley.
De igual forma, el mayor reto no solo será poner en marcha la nueva legislación, sino garantizar que su aplicación se realice con seguridad jurídica, respetando al debido proceso y criterios uniformes en todo el sistema de justicia.
