Imagina una noche cualquiera. Vas a una fiesta, aceptas unos tragos, te diviertes. Horas después, alguien tiene sexo contigo, pero tú no estabas en condiciones de comprender qué ocurría ni de decidir si querías participar. ¿Hubo consentimiento? ¿Qué sucede si decides denunciar?
Mientras Nueva York debate las restricciones legales que pueden complicar esos casos, la comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, hizo este martes un llamado a las personas sobrevivientes de violencia sexual: denunciar, incluso cuando los hechos ocurrieron años atrás.
“Queremos que estos crímenes sean reportados. Nuestro compromiso con los sobrevivientes no se termina con el paso del tiempo”, afirmó Tisch, mientras al lado del alcalde Zohran Mamdani hacía un balance sobre el descenso de la criminalidad en la Gran Manzana.
La comisionada subrayó que investigarán las denuncias y conectarán a quienes se presenten con el apoyo y los servicios que necesitan.
Este mensaje llega cuando el caso de una exestudiante de Cornell ha vuelto a abrir una herida que va más allá de un campus universitario: qué ocurre cuando una persona denuncia que fue agredida sexualmente estando incapacitada y las instituciones no presentan cargos.
La mujer, identificada como Jane Doe, acusa en una demanda civil a siete hombres vinculados a la fraternidad Chi Phi de haberla agredido en octubre de 2024. La investigación penal, inicialmente cerrada sin cargos, quedó bajo la responsabilidad de la fiscal general Letitia James, designada fiscal especial por la gobernadora Kathy Hochul.
La controversia ha renovado el debate sobre una propuesta de la senadora estatal Nathalia Fernández y el asambleísta Jeffrey Dinowitz, quienes a través de un par de anteproyectos legales buscan ampliar las circunstancias en las que pueden presentarse determinados cargos sexuales, cuando una persona consumió alcohol o drogas voluntariamente, quedó incapacitada para consentir y el acusado conocía o razonablemente debía reconocer esa condición y no aprovecharse de la situación.
Ambos legisladores han reclamado acelerar su aprobación tras la controversia de Cornell.
“El momento es ahora y estamos listos para hacerlo”, afirmó Fernández a la cadena Spectrum.
Por su parte, Dinowitz sostuvo que actualmente quienes agreden sexualmente a personas intoxicadas voluntariamente cuentan con una gran ventaja legal que debe eliminarse: “tienen una tarjeta para salir gratis de la cárcel”.
Queremos que estos crímenes sean reportados. Nuestro compromiso con los sobrevivientes no se termina con el paso del tiempo”
Denuncias que no son ignoradas
En el balance divulgado este martes, el NYPD informó que las denuncias de violación aumentaron un 3.7% en lo que va del año, de 1,537 a 1,594 frente al mismo período de 2025.
De los casos registrados hasta septiembre, 398 (es decir el 25%), corresponden a hechos ocurridos en años anteriores. Según la comisionada, esa proporción refleja que sobrevivientes están reportando violencia sexual que previamente no habían denunciado.
Para ilustrar como la Uniformada está tomando muy en serio estas investigaciones, la máxima jefa policial relató que detectives ayudaron recientemente a esclarecer una violación ocurrida en Brooklyn más de tres décadas atrás.
La víctima había denunciado el ataque en 1995 y según la comisionada los avances en tecnología de ADN permitieron identificar al presunto atacante y detenerlo.
Portavoces de NYPD también recordaron que la ley ‘Rape is Rape’, vigente desde septiembre de 2024, amplió la definición de violación para incluir otras formas de agresión sexual, un cambio que debe considerarse al comparar los números.
En efecto, La definición legal de violación ya no se limita a la penetración vaginal: también comprende contactos sexuales orales y anales.
Aceptar una bebida no es aceptar sexo
La pregunta de fondo de las reformas planteadas por los legisladores estatales es qué sucede cuando una persona aceptó consumir una sustancia, pero después perdió la capacidad de decidir sobre un acto sexual.
De acuerdo con los textos legales vigentes, la sección 130.05 del Código Penal define la incapacidad mental temporal por intoxicación en términos de sustancias administradas sin consentimiento. Esa formulación distingue entre quien fue drogado sin aceptarlo y quien consumió voluntariamente, aunque después quedara incapacitado.
La distinción no significa que beber voluntariamente impida siempre procesar una violación, indica la ley.
La ley vigente reconoce otras circunstancias, como estar inconsciente o físicamente imposibilitado para rechazar un acto sexual. También contempla, para determinados supuestos de violación en tercer grado, una negativa claramente expresada que una persona razonable hubiera comprendido.
Pero cuando las pruebas no permiten establecer esas circunstancias, la intoxicación voluntaria puede limitar la vía legal disponible, por ello el memorando del proyecto de la senadora de El Bronx, Nathalia Fernández, sostiene que los fiscales están “limitados en su capacidad para presentar cargos” en esos casos.
¿Qué cambiaría la propuesta?
Los proyectos modificarían la sección 130.05 para añadir una circunstancia de “falta de consentimiento aplicable a determinados delitos sexuales”, incluidos supuestos de violación en tercer grado.
El texto codificado como S10632, propuesto por Fernández, contempla que la víctima estuviera “temporalmente incapacitada para evaluar o controlar su conducta” y que esa condición fuera conocida o razonablemente debiera haber sido conocida por alguien en la situación del acusado.
La versión enmendada A101, de la propuesta de Dinowitz, utiliza una formulación distinta: exige que la víctima estuviera claramente bajo los efectos de sustancias hasta quedar “incapacitada para controlar su conducta e incapacitada para expresar claramente su falta de consentimiento”.
También exige que el acusado conociera o razonablemente debiera reconocer esa condición.
Hay que aclarar que ninguno de los textos establece que cualquier consumo de alcohol elimine el consentimiento, ni fija un número de bebidas.
En general, las reformas propuestas se concentran en el grado de incapacidad y en lo que la otra persona sabía o razonablemente debía advertir.
De acuerdo con el texto de los anteproyectos, estas reformas no crearía el derecho a denunciar, que ya existe, ni garantizaría una acusación o condena, pero sí ampliaría el fundamento legal para presentar determinados cargos.
¿Cómo va la reforma?
Con base a una revisión del web oficial de la legislatura estatal, el proyecto S10632, de la senadora Nathalia Fernández, fue introducido el 1 de junio de 2026 y aprobado por el Senado el 4 de junio, con 60 votos a favor y ninguno en contra.
Ese día pasó a la Asamblea y fue remitido a su Comité de Códigos, donde permanece pendiente.
Asimismo, la propuesta de Jeffrey Dinowitz fue presentada el 8 de enero de 2025. La iniciativa tiene antecedentes en sesiones legislativas anteriores, incluida la de 2019-2020.
Cornell: la respuesta institucional
La demanda de Jane Doe describe una noche en la que, según su relato, fue presionada para consumir sustancias, incluida ketamina, y sometida a actos sexuales mientras estaba incapacitada. También incluye una captura de la red social Snapchat que, según la acusación, invitaba a otros miembros de la fraternidad a participar. Se trata de alegaciones pendientes por esclarecer, no hechos establecidos por un tribunal.
Asimismo, representantes de algunos de los señalados han negado las acusaciones. La abogada de uno de ellos sostiene que el encuentro de su cliente fue consentido y disputa que la joven estuviera incapacitada.
El caso también plantea preguntas sobre cómo se investigó. El fiscal de Tompkins County, Matthew Van Houten, afirmó que su decisión inicial se basó en la declaración firmada de la joven y posteriormente dijo no haber visto la transcripción completa de su entrevista policial.
Por su parte, Cornell sostiene que compartió la declaración jurada y la captura de Snapchat con la fiscalía.
La Universidad defiende su procedimiento disciplinario e informó que hubo expulsiones y suspensiones, rechazando que las consecuencias se limitaran a tareas educativas.
Al asumir la investigación como fiscal especial, James afirmó que toda persona que reporte un delito merece que este sea investigado “de manera completa y justa”, mediante un proceso guiado por los hechos y la ley.
El dato:
- 398 denuncias de violación por hechos ocurridos en años anteriores (una de cada cuatro reportadas en 2026 hasta septiembre) ha registrado NYPD.
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