Santo Domingo. – La entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, prevista para el próximo 3 de agosto, aplicará para la mayoría de las disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional. Sin embargo, los artículos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas tendrán una aplicación diferida por tres meses.
Así lo explicó el coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco “Pancho” Álvarez, quien señaló que la medida busca dar un margen de adaptación a las empresas para que puedan establecer mecanismos internos de prevención y cumplimiento normativo.
Álvarez indicó que la única parte del Código Penal que no comenzará a aplicarse el 3 de agosto corresponde a las normas que regulan la responsabilidad penal de las sociedades comerciales y demás personas morales.
El representante de PC sostuvo que estas disposiciones implican un proceso complejo para las empresas, debido a que deberán implementar controles internos que eviten que sus estructuras sean utilizadas para cometer delitos.
“Esa responsabilidad requiere un esfuerzo increíblemente complicado por parte de las empresas para evitar comprometer su responsabilidad penal”, manifestó.
Estos son los artículos que tendrán una entrada en vigor posterior
El aplazamiento aplica específicamente a los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, que establecen la responsabilidad penal de las personas morales.
Según Álvarez, estos artículos entrarán en vigor tres meses después del resto de la normativa, con el objetivo de que las empresas del país puedan prepararse adecuadamente.
“Esos artículos van a entrar en vigor tres meses después. Esa es la única parte que quedó postergada en cuanto a su ejecución, para darle una oportunidad a todas las empresas de establecer los controles necesarios”, señaló.
Empresas deberán crear mecanismos de cumplimiento
El coordinador de Participación Ciudadana explicó que la nueva regulación obligará a las empresas a fortalecer sus sistemas de supervisión interna, programas de cumplimiento (compliance) y protocolos de prevención.
Indicó que la medida tendrá impacto en empresas grandes, medianas y pequeñas, aunque consideró que estas últimas podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias legales.
“Para evitar comprometer la responsabilidad de las personas morales, tendrán que crear su propio protocolo de supervisión interna para evitar que las sociedades puedan ser utilizadas para cometer delitos”, afirmó.
Álvarez cuestiona rapidez de modificaciones al Código Penal
Durante sus declaraciones, Francisco Álvarez también se refirió al proceso de modificación del Código Penal aprobado recientemente en el Congreso Nacional.
Consideró que algunas reformas fueron aprobadas con rapidez y que muchas de ellas corresponden a aspectos formales, sin abordar completamente temas de fondo que aún requieren discusión.
No obstante, valoró como positiva la decisión del presidente Luis Abinader de promulgar las modificaciones y permitir que tanto el Código Penal aprobado en 2025 como los cambios recientes entren en vigor de manera simultánea el próximo 3 de agosto.
“El Presidente hizo lo correcto con promulgar esa ley que modifica el Código Penal y ponerla a entrar de manera simultánea en vigor, porque tanto el Código Penal aprobado el año pasado como las modificaciones aprobadas hace unos días van a entrar simultáneamente en vigor el 3 de agosto”, expresó.
Comisión de seguimiento deberá continuar reformas
Álvarez también destacó que la creación de una comisión de seguimiento para revisar futuras modificaciones al Código Penal representa un reconocimiento de que la normativa todavía puede ser perfeccionada.
A su juicio, si las modificaciones recientes hubieran resuelto todos los aspectos pendientes, no habría sido necesaria la creación de dicho organismo.
La comisión deberá organizar su metodología de trabajo e iniciar sus análisis luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, ya sin la presión del tiempo que marcó el proceso anterior.
