Nueva York destinará $7.25 millones de dólares para garantizar asistencia legal a unos 1,400 niños y jóvenes migrantes no acompañados que actualmente enfrentan procesos de deportación en el estado.
La medida fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul después de que venciera, el 31 de julio, un contrato federal que financiaba servicios jurídicos para menores migrantes que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores. Más de 250 de los menores beneficiados se encuentran actualmente detenidos.
Por qué Nueva York decidió pagar sus abogados
Los menores no acompañados pueden terminar frente a un juez de inmigración en procedimientos que pueden determinar si permanecen en Estados Unidos o son deportados. A diferencia de lo que sucede en un proceso penal, el gobierno federal no les garantiza automáticamente un abogado pagado por el Estado en los tribunales de inmigración.
Durante años, una red financiada mediante contratos federales permitió que organizaciones legales orientaran y representaran a miles de niños. Pero el contrato que sostenía buena parte de esos servicios expiró a fines de julio, generando incertidumbre sobre la continuidad de la representación.
El programa alcanzaba a aproximadamente 20,000 menores en todo Estados Unidos, a través de cerca de un centenar de organizaciones jurídicas.
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Quiénes recibirán la ayuda de Nueva York
Los $7.25 millones estarán destinados aproximadamente a 1,400 menores migrantes no acompañados que tienen procedimientos de expulsión activos en Nueva York.
La Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado será responsable de implementar los contratos con proveedores de servicios legales. La coalición estará encabezada por Hispanic Federation e incluirá organizaciones con experiencia en asistencia migratoria.
El objetivo es que los niños afectados por la interrupción del programa federal puedan continuar recibiendo representación y orientación durante sus casos.
Más de 250 menores están detenidos
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades estatales es que más de 250 de esos niños y jóvenes se encuentran detenidos actualmente en Nueva York. Hochul argumentó al anunciar el programa que un menor no debería tener que enfrentar solo un sistema migratorio complejo.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general estatal, Letitia James, participaron también del anuncio. La ciudad aseguró que ha invertido además recursos propios en representación jurídica para inmigrantes.
Tener abogado puede cambiar el rumbo de un caso migratorio
El trabajo del abogado no consiste únicamente en intentar evitar una deportación. Un menor no acompañado puede tener derecho, dependiendo de sus circunstancias, a solicitar distintas formas de protección migratoria. Entre ellas pueden encontrarse el asilo o el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil para determinados jóvenes que hayan sufrido abuso, abandono o negligencia.
Identificar esas alternativas, presentar documentación y cumplir los plazos judiciales puede ser especialmente difícil para un niño que no conoce el sistema legal estadounidense o que no domina el inglés.
Por eso, organizaciones especializadas han advertido que perder representación puede incrementar la vulnerabilidad de estos menores frente a una orden de deportación.
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Qué ocurrió con el programa federal
La situación cambió después de que el gobierno de Donald Trump dejara expirar el contrato que permitía a organizaciones de asistencia jurídica atender a menores no acompañados. Posteriormente, el gobierno federal inició otros mecanismos para reemplazar esos servicios, pero el proceso ha atravesado cambios y controversias.
Una firma de Houston que había sido seleccionada para un contrato de $150 millones finalmente rechazó la oferta. Otra organización recibió un contrato de hasta $244 millones, mientras continúa la incertidumbre sobre cómo quedará estructurada a largo plazo la asistencia legal para los menores.
Nueva York es el primer estado que interviene con fondos propios
Según el gobierno estatal, Nueva York es el primer estado del país que asigna fondos específicamente para mantener la representación de menores afectados por el fin del contrato federal. La inversión se suma a los casi $87 millones destinados este año a la Oficina para Nuevos Estadounidenses, que financia asistencia jurídica, líneas de ayuda, talleres sobre derechos y otros servicios para inmigrantes.
Para los aproximadamente 1,400 menores involucrados, la consecuencia será mucho más concreta: poder presentarse ante un juez de inmigración acompañados por un abogado, en lugar de tener que enfrentar solos un procedimiento que podría terminar en su deportación.
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