La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó una nueva ley que amplía las protecciones para pacientes y profesionales de la salud que buscan o brindan servicios de atención reproductiva y de afirmación de género. La medida, aprobada por la Legislatura estatal en junio, entró en vigor de manera inmediata.
El nuevo marco legal refuerza la llamada “Shield Law” de Nueva Jersey, diseñada para impedir que autoridades de otros estados utilicen mecanismos legales contra personas que reciben o proporcionan tratamientos permitidos por las leyes del estado. La protección cobra especial relevancia en un escenario nacional marcado por las diferencias entre estados sobre el acceso al aborto y a la atención de afirmación de género.
¿Qué cambia con la nueva ley de Nueva Jersey?
La legislación S2260/A2218 establece nuevas sanciones para quienes interfieran físicamente con el acceso a servicios de salud reproductiva o de afirmación de género. Entre las conductas contempladas están bloquear el ingreso a clínicas, amenazar, intimidar, causar lesiones a pacientes o proveedores y provocar daños materiales con la intención de impedir la atención.
Dependiendo de las circunstancias, quienes infrinjan estas disposiciones podrían enfrentar penas de prisión de hasta 18 meses. Si la obstrucción provoca lesiones corporales graves, la condena puede alcanzar hasta cinco años.
La ley también abre la puerta a demandas civiles por parte de las personas afectadas. Quienes obtengan una resolución favorable pueden recibir al menos $1,000 dólares por cada infracción, además del pago de honorarios legales y otras medidas judiciales. En determinados casos, también podrían concederse daños punitivos.
Las autoridades locales, estatales o de los condados también pueden iniciar acciones civiles. En esos casos, las multas pueden llegar a $10,000 por una primera infracción y a $25,000 por reincidencia.
Protección frente a investigaciones de otros estados
Uno de los puntos centrales de la legislación es la ampliación de las salvaguardas frente a procesos iniciados fuera de Nueva Jersey. El estado limita la cooperación de autoridades y tribunales con determinadas investigaciones relacionadas con servicios de salud reproductiva y de afirmación de género que son legales dentro de sus fronteras.
La norma también amplía la protección contra la extradición por acusaciones vinculadas con estos servicios. Además, establece restricciones para que las fuerzas de seguridad estatales y locales no participen en arrestos o investigaciones de personas que reciben o proporcionan estos tratamientos, salvo que exista una conducta que también constituya un delito bajo la legislación de Nueva Jersey.
Las restricciones abarcan determinadas órdenes de registro, intervenciones telefónicas y actuaciones de agentes privados contratados para localizar o detener personas.
También protege a médicos y pacientes
La nueva ley mantiene y amplía la confidencialidad de la información relacionada con la atención protegida. El objetivo es evitar que datos médicos sean entregados sin la autorización correspondiente cuando la solicitud provenga de investigaciones externas contempladas por la norma.
Los profesionales de la salud reciben, además, nuevas garantías frente a consecuencias laborales y regulatorias. Las juntas encargadas de otorgar licencias profesionales no podrán sancionar a un proveedor únicamente por haber brindado atención reproductiva o de afirmación de género protegida por las leyes de Nueva Jersey.
La legislación también contempla protecciones relacionadas con seguros de responsabilidad médica para evitar medidas adversas contra profesionales que proporcionen legalmente estos servicios.
Sherrill defiende la autonomía de los pacientes
Durante la ceremonia de firma, realizada frente a una clínica de Planned Parenthood en Montclair, Sherrill sostuvo que Nueva Jersey busca impedir que decisiones médicas legales dentro del estado sean perseguidas desde otras jurisdicciones.
La gobernadora mencionó expresamente a los gobernadores republicanos de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, al advertir que su administración protegerá a quienes viajen a Nueva Jersey para recibir atención permitida por la legislación estatal.
“Los políticos no tienen voz” en las decisiones tomadas dentro de un consultorio, sostuvo Simone Kraus, integrante de Transgender Rights Coalition, quien describió la nueva ley como un avance para la autonomía corporal y la dignidad de las personas transgénero.
Los impulsores de la legislación, entre ellos la líder de la mayoría del Senado, Teresa Ruiz, y el presidente del Senado, Nick Scutari, defendieron la medida como una barrera frente a posibles acciones legales de otros estados.
La ley también recibió el respaldo del fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, y del comisionado estatal de Salud, Raynard E. Washington, quienes destacaron la necesidad de que pacientes y profesionales puedan acceder y proporcionar atención médica sin amenazas o intimidación.
Sin embargo, organizaciones contrarias al aborto cuestionaron la legislación. Marie Tasy, directora ejecutiva de New Jersey Right to Life, afirmó que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para silenciar a personas que se oponen al procedimiento.
La administración de Sherrill sostiene que la medida forma parte de una estrategia más amplia para preservar el acceso a la atención médica. El gobierno estatal también informó que destinará más de $52 millones a servicios de planificación familiar y acceso a la salud reproductiva durante el año fiscal 2027.
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