Altagracia Salazar
Yo no sé cuántos dominicanos resultaron perjudicados por la suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados en solidaridad con la legisladora Millys Johanna Martínez Morillo, quien fue esposada por agentes de la Policía en Elías Piña después de intervenir para impedir la detención de una persona durante las fiestas patronales.
Lo que sí sé es que el Congreso dominicano, que decide sobre nuestras vidas, tiene una extraordinaria capacidad para movilizarse cuando el problema afecta a uno de sus integrantes y una preocupante habilidad para quedarse quieto cuando los afectados somos los demás.
En varios videos se observa a la diputada narrando el episodio y a sus colegas levantándose uno tras otro para abandonar la sesión. Solidaridad corporativa, que le llaman. Y está bien que una legisladora reclame respeto y que se investigue cualquier actuación policial abusiva. Lo que resulta cuestionable es que esa indignación colectiva parezca tener un sistema de encendido selectivo: funciona cuando uno de los honorables resulta afectado, pero no necesariamente cuando los atropellados son ciudadanos sin investidura, sin cámara y sin poder político.
Supongo que los policías de Comendador sabían que Millys era diputada. También supongo que la legisladora sabe que su función es legislar y fiscalizar, no impedir que la Policía detenga a una persona. Si consideraba que se estaban violando los protocolos, podía exigir que se respetaran. Ser autoridad no convierte a nadie en una especie de supervisora personal de los arrestos policiales.
Pero aquí hay una segunda cuestión mucho más grave. Según cifras divulgadas por la propia Policía, 55 personas murieron a manos de agentes en apenas 30 días. En un país donde las actuaciones policiales letales reclaman tanta atención, hay ciudadanos cuyos derechos parecen importar muy poco. Como ha señalado Aníbal de Castro, son muertos sin dolientes: personas que no tienen una bancada legislativa dispuesta a levantarse de sus asientos para reclamar justicia por ellas.
Los diputados, en cambio, tienen tribuna, micrófono, cámaras y compañeros dispuestos a suspender una sesión. También tienen una remuneración que, según un reportaje de Alicia Ortega, representa un costo aproximado de RD$612,000 mensuales por legislador entre salarios y compensaciones. Si se compara esa cifra con la realidad de un país donde millones de personas sobreviven con ingresos muy inferiores, la distancia entre los representantes y los representados resulta difícil de disimular.
Ayer hubo también un paro médico. Como suele ocurrir, quienes terminaron pagando las consecuencias fueron los pacientes de los hospitales públicos, gente que muchas veces no tiene dinero para acudir a una consulta privada ni para comprar todos los medicamentos que necesita. No recuerdo haber visto a los diputados levantarse en bloque para defender a esos pacientes, reclamar soluciones al conflicto o exigir que se garantice la atención de quienes no tienen otra alternativa.
Y aquí está la diferencia entre el paro de los médicos y el de los legisladores: las consecuencias no se distribuyen de la misma manera. Los honorables paralizan una sesión y generan titulares; los médicos suspenden servicios y el ciudadano pobre puede quedarse sin consulta, sin tratamiento o sin respuesta. Unos tienen capacidad de presión y exposición pública; los otros, en demasiadas ocasiones, solo tienen que esperar.
Además, existe una diferencia material nada despreciable. Si usted o yo dejamos de trabajar, corremos el riesgo de dejar de cobrar. Los legisladores y otros funcionarios que disfrutan de remuneraciones públicas no necesariamente enfrentan esa misma incertidumbre. Pueden suspender actividades y, llegado el día de pago, el dinero sigue entrando en sus cuentas.
Por eso mi cuestionamiento no es que los diputados hayan defendido a una colega. Es que no demuestran la misma energía cuando se trata de defender a la gente que dicen representar. La solidaridad no debería depender del cargo, del apellido ni de la posibilidad de salir en televisión.
En fin, no sé si esta reflexión llegue a alguien o si termine convertida en otro lamento solitario. Pero conviene recordárselo a quienes ocupan el Congreso: la República no les paga para que se protejan entre ustedes; les paga para que trabajen por todos.
Percha es la firma de Rafael Vásquez, director editorial de Remolacha.net, uno de los blogs de noticias más antiguos de República Dominicana (desde 2005). Lleva 20 años cubriendo la actualidad, la farándula y los videos que el dominicano comenta — aquí y en la diáspora.
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