Si el Senado acepta la renuncia, Peña dejaría el cargo y podría acceder a una banca de senador vitalicio, condición que le otorgaría fueros. Si los legisladores rechazan la dimisión y concretan la destitución, el exmandatario no tendría esa protección.
Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay, pero su salida todavía depende de una decisión del Congreso. Aunque la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el libelo acusatorio para iniciar el juicio político, el Senado debe resolver si acepta la dimisión o continúa con el proceso de destitución. Cada alternativa tendrá efectos distintos sobre la situación del mandatario y su eventual exposición ante la justicia.
Los 78 diputados presentes votaron a favor de avanzar con la acusación, pese a que el ministro del Interior, Enrique Riera, ya había entregado formalmente la renuncia al Congreso. La sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, prevista para las 17.00, deberá abordar el documento y definir el procedimiento. La crisis política se originó tras la intervención del Banco Central del Paraguay a Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y expuso el uso de fondos públicos en la entidad.
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Dos caminos posibles: destitución o dimisión aceptada
El primer escenario es que el Senado acepte la renuncia. En ese caso, Peña dejaría el cargo por decisión propia y, de acuerdo con las consecuencias planteadas durante el debate parlamentario, podría acceder a una banca de senador vitalicio. Esa condición le otorgaría fueros, por lo que una eventual investigación penal requeriría que el Congreso aprobara antes su desafuero.
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La segunda posibilidad es que los senadores rechacen la dimisión y continúen el juicio político hasta resolver si corresponde la destitución presidencial. El senador liberal Ever Villalba sostuvo que existía consenso para avanzar con el procedimiento y afirmó que la ciudadanía espera que el exmandatario responda ante la justicia.
El jefe de la bancada oficialista de la ANR, Natalicio Chase, señaló que el Senado debe cumplir el trámite constitucional y decidir sobre la renuncia. La definición también cuenta con el respaldo de Horacio Cartes, titular del Partido Colorado, quien apoyó el juicio político para “volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
Sin fueros si es destituido: exposición penal
Si el Congreso concreta la destitución, Peña no accedería a la condición de senador vitalicio y, por tanto, tampoco tendría esos fueros. Esta diferencia es central para determinar cómo podría avanzar un eventual proceso judicial relacionado con las denuncias por la crisis de Ueno Bank.
Durante el debate, legisladores opositores acusaron al exgobernante de tener responsabilidad política en el manejo de la entidad y en la exposición de recursos públicos. Johanna Ortega cuestionó que la discusión se centrara en buscar una salida para el banco y no en proteger los ahorros de sus clientes. “¿En qué momento dejamos de hablar de cómo proteger los ahorros de la gente para hablar de salvar al banco del entorno del presidente?”, preguntó.
Las acusaciones forman parte del debate político y no constituyen por sí mismas una declaración judicial de culpabilidad. La definición del Senado determinará si la salida se tramita como una dimisión o mediante la destitución.
Alliana asume y el coloradismo reordena el poder
El vicepresidente Pedro Alliana quedó fuera del proceso de juicio político después de que Diputados rechazara la acusación en su contra por 48 votos frente a 30. Por ello, está habilitado para asumir la Presidencia si se concreta la salida de Peña, conforme a la sucesión prevista en el escenario descrito por las autoridades.
La crisis también quebró el respaldo interno al mandatario. Enrique Riera explicó que Peña decidió renunciar tras confirmar que ya no contaba con apoyo político para permanecer en el cargo. La postura de Cartes y de los sectores oficialistas y disidentes de la ANR terminó por debilitar su continuidad, en medio de los cuestionamientos por la intervención bancaria y las protestas en Asunción.
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