La crisis bancaria en Paraguay mantiene en suspenso la continuidad de Santiago Peña en la Presidencia, mientras el Congreso avanza con el juicio político en su contra por el colapso de Ueno Bank. El Senado rechazó la prórroga de 72 horas que solicitó el mandatario para preparar su defensa y lo convocó a comparecer ante el pleno. Su renuncia, presentada en medio del proceso, todavía no fue aceptada por el Parlamento, por lo que continúa formalmente al frente del Ejecutivo.
La intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) provocó el congelamiento de los depósitos de unos tres millones de clientes, además de afectar cuantiosos recursos públicos. El caso también derivó en protestas en Asunción, la detención de ocho directivos de la entidad financiera y una investigación penal contra Peña por las decisiones relacionadas con la supervisión del banco y la colocación de fondos estatales.
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La renuncia del mandatario deja en suspenso el poder en Paraguay
La Cámara de Diputados aprobó el juicio político con los votos de los 78 legisladores presentes, incluidos los integrantes del oficialismo. Peña anunció su dimisión mientras se desarrollaba esa votación, pero el Congreso no consiguió el cuórum necesario para aceptar o rechazar su salida.
La situación también involucra al vicepresidente Pedro Alliana. Los diputados descartaron iniciar un juicio político en su contra, lo que deja abierta la posibilidad de que asuma la Presidencia si se concreta la salida de Peña.
El debate sobre la renuncia tiene implicaciones judiciales. El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Esa condición les otorga fueros y limita el inicio de procesos penales sin autorización del Senado.
Peña cuestionó el tiempo que recibió para preparar su defensa. En un mensaje publicado en X sostuvo que fue notificado a las 22.15 con el documento acusatorio y cerca de 300 páginas de anexos. "Eso no es debido proceso", afirmó. También aseguró que expondría su versión ante la ciudadanía y que no evitaría su responsabilidad política.
Ueno Bank, en el centro de la crisis política y financiera
El conflicto comenzó cuando el Banco Central ordenó el proceso de resolución o cierre de Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia. La entidad administraba los recursos de más de 2,9 millones de clientes y había recibido importantes cantidades de dinero de entes públicos durante la gestión de Peña.
El organismo regulador informó que el índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido, debido a ajustes en los estados financieros durante el proceso de regularización. La decisión provocó el bloqueo de las cuentas y desató reclamos de ahorristas que exigieron recuperar su dinero.
Las protestas se extendieron durante tres días en Asunción, con concentraciones frente al Congreso. Algunas manifestaciones terminaron con la intervención policial, el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. "Quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió", declaró a la AFP Mariano Giménez, un estudiante de 26 años.
El escándalo también alcanzó a Argentina. Cerca de 1.000 trabajadores de ITTI, empresa tecnológica vinculada al mismo grupo empresarial, recibieron la notificación de una suspensión laboral. "Mediante un email nos informan que vamos a entrar en suspensión de tareas, sin goce de sueldo, por 30 días", contó Mauricio Keorkis al canal TN.
La Fiscalía amplía las investigaciones e incauta dos aviones
El Ministerio Público abrió una causa penal contra Peña por presuntos hechos relacionados con la supervisión y resolución de Ueno Bank, así como con la colocación de fondos públicos en la entidad. La investigación judicial también llevó al arresto de ocho integrantes de la directiva del banco.
En paralelo, la Fiscalía incautó dos aeronaves en la ciudad de Luque. La primera es un Beechcraft King Air 300, registrado a nombre de Ueno Bank SA. La segunda, un Beechcraft B55 con matrícula ZP-TLG, figura a nombre del Grupo Vázquez SA y fue localizada en el hangar Hasc Aviación.
Los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta participaron en ambos procedimientos. Los aviones quedaron inmovilizados a pedido del equipo interventor del BCP para preservar los bienes durante el proceso de resolución de la entidad financiera. La medida también contempla otras aeronaves registradas a nombre de sociedades vinculadas a Ueno Holding, Grupo Vázquez o empresas relacionadas.
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Nuevos fiscales se suman a las causas contra el grupo empresarial
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, amplió el equipo investigador mediante la Resolución FGE N.º 4490 e incorporó a Ruth Benítez, de la unidad especializada en delitos económicos y lavado de dinero.
La fiscala ya había participado en diligencias en las oficinas de ITTI SAECA y otras compañías relacionadas con el conglomerado empresarial de Ueno Bank, ubicadas en el piso 11 de la Torre 3 del Paseo La Galería.
Benítez se incorporó al equipo integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce Rolandi y Yeimy Adle, que investiga la causa 89/2026, denominada «Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros». Otro grupo de fiscales, conformado por Christian Benítez, Elena Fiore y Silvia González Vester, tiene a su cargo causas adicionales relacionadas con el mismo caso.
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