Las autoridades francesas intensificaron las medidas de seguridad tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en varias ciudades del país. Ante el riesgo de nuevas protestas contra el encarecimiento de la vida, París estableció restricciones nocturnas y prohibió las concentraciones no autorizadas en puntos estratégicos de la capital.
Por segunda noche consecutiva, se decretó un toque de queda entre las 11.00 p. m. y las 6.00 a. m. en la plaza de la República y la zona comercial de Les Halles, identificadas como áreas centrales de los incidentes recientes. Asimismo, la prefectura de policía prohibió las reuniones no autorizadas desde las 8.00 p. m. del martes hasta la madrugada del miércoles en lugares como los Campos Elíseos, las estaciones ferroviarias y las sedes de la Presidencia y del Parlamento.
En medio de la tensión, el primer ministro Sébastien Lecornu acusó a grupos de extrema izquierda de organizar acciones con fines insurreccionales. Durante una sesión de control en la Asamblea Nacional, sostuvo que determinados colectivos habrían planificado movilizaciones dirigidas contra las principales instituciones del Estado.
Gobierno culpa a la izquierda
El Gobierno atribuyó a estos grupos parte de la responsabilidad por los disturbios, en lo que, según las autoridades, se habrían sumado delincuentes oportunistas. Los incidentes dejaron daños en más de 3.000 establecimientos comerciales de los centros urbanos.
En paralelo, las investigaciones avanzan sobre el incendio provocado en el ayuntamiento de Limoges. Un hombre de 34 años, identificado por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda, fue detenido el martes. La fiscalía abrió una investigación por destrucción de bienes en banda organizada y solicitó la intervención de la subdirección antioterrorista de la policía judicial.
Las autoridades también se preparan para una nueva jornada de movilizaciones previstas para el sábado, nuevamente motivada por el aumento del costo de vida. Lecornu anunció un despliegue policial masivo, después de las críticas de la oposición por la falta de previsión ante las protestas del 17 de octubre.
La crisis adquiere mayor relevancia por el contexto político, a seis meses de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Emmanuel Macron. Marine Le Pen, dirigente de ultraderecha y favorita en los sondeos mencionados, y representantes del Gobierno acusaron al líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon y a su partido, La Francia Insumisa, de alentar la violencia.
Mediante un video publicado en sus redes sociales, la política de 58 años denunció que la nación vive actualmente en una profunda crisis de confianza, de autoridad, que supone una amenaza para la democracia.
Sin embargo, la Agrupación Nacional, partido de la candidata de derecha, rechazó cualquier acusación en su contra que indique un intento por sacar provecho de los disturbios. "No podemos alegrarnos al ver al país en este estado. Cuando uno es patriota, duele", sentenció un responsable del partido citado por AFP.
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