Hegseth enfrenta una moción de censura con ocho acusaciones, entre ellas presuntas ejecuciones extrajudiciales durante operaciones en alta mar y cuestionamientos por su gestión de la guerra contra Irán.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió la cooperación militar con países de América Latina y el Caribe para combatir a los cárteles de la droga, pese a los cuestionamientos por los ataques letales contra presuntas narcolanchas. El jefe del Pentágono calificó de beneficiosa la Coalición Anticárteles de las Américas, conocida como Triple C, y sostuvo que sus integrantes se sumaron por decisión propia.
La declaración tuvo lugar durante una rueda de prensa en medio de una moción de censura que incluye ocho acusaciones contra el funcionario. Entre ellas figuran presuntas ejecuciones extrajudiciales durante operaciones en alta mar, cuestionamientos por su gestión de la guerra contra Irán y señalamientos por exceder sus atribuciones al frente del Departamento de Defensa.
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Hegseth defiende la Triple C ante su moción de censura
La alianza militar forma parte de Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump durante una cumbre celebrada en marzo en Doral, Florida. El acuerdo busca coordinar esfuerzos contra el crimen organizado y limitar la influencia de potencias extranjeras, en particular China, en la región.
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Hegseth aseguró que los países participantes respaldan la cooperación con Washington. “Lo maravilloso de la Triple C es que es mutuamente beneficiosa. Ellos pueden salvar sus países y recuperar sus calles. Nosotros podemos impedir que las drogas y las pandillas lleguen a nuestro país”, afirmó.
El funcionario también rechazó que los gobiernos se hayan incorporado por presión. Según dijo, los integrantes de la coalición actuaron con orgullo, con valentía y con rapidez. Además, vinculó el impulso de la iniciativa con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras la cual, sostuvo, otros países decidieron reforzar sus vínculos de defensa con Estados Unidos.
Ataques a narcolanchas causaron al menos 235 muertes
La polémica se centra en una campaña militar que comenzó con operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y después se extendió al Pacífico. Los ataques, ejecutados de forma unilateral por Washington, dejaron al menos 235 muertos, según el balance citado en el texto.
Posteriormente, las operaciones también llegaron a territorio sudamericano mediante acciones conjuntas con fuerzas militares de Ecuador, Colombia y Venezuela. Una investigación de AFP reveló que las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegaron un amplio dispositivo aeronáutico en la base de Taura, en Ecuador.
La moción presentada por el representante republicano Thomas Massie cuestiona la legalidad de estas acciones y la conducción del Pentágono. Hegseth rechazó los señalamientos y aseguró que respalda todas las operaciones ordenadas por Trump. “Lo volvería a hacer mañana”, sostuvo.
Rubio respalda a Hegseth y califica las acciones de legales
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las decisiones del jefe del Pentágono y afirmó que actuó bajo instrucciones directas del comandante en jefe. Ante una consulta de CNN sobre la legalidad de las operaciones en Irán, contra supuestas narcolanchas, en Venezuela y Yemen, Rubio sostuvo que el presidente tiene facultades para responder a amenazas contra el país.
“Pete no solo cumplió una orden directa del comandante en jefe, sino que lo hizo de manera muy eficaz en todos esos frentes”, declaró en París. También calificó el tráfico de drogas como una amenaza real e inminente a los estadounidenses.
Encuesta muestra que 7 de cada 10 quieren fin a Irán
En paralelo al proceso contra Hegseth, una encuesta de Reuters/Ipsos mostró que siete de cada diez estadounidenses quieren que el Congreso vote para poner fin a la guerra contra Irán. La proporción incluye al 51% de los republicanos consultados.
El sondeo también reveló que el 62% apoya una ley para terminar con los aranceles de Trump. En cambio, la opinión sobre una eventual destitución del presidente está dividida: el 33% considera que sería beneficiosa para el país y el 42% cree que tendría consecuencias negativas.
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