El Gobierno de José Antonio Kast justificó la decisión de reducir las penas concedidas a 56 personas condenadas por abuso sexual y violación de menores, al sostener que las medidas se ajustan a la interpretación de la legislación vigente. La controversia llevó al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, a suspender la tramitación de nuevos decretos y anunciar una iniciativa para impedir que los responsables de estos delitos accedan a dichos beneficios.
La situación salió a la luz tras una investigación publicada por el medio Interferencia, que informó que, durante los primeros seis meses de la Administración de Kast, se dictaron decretos para reducir las condenas de 27 personas sentenciadas por abuso sexual y 29 por violación, todos por delitos contra menores de edad.
"Existen normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata, nos corresponde dictar esas resoluciones", dijo al respecto Rabat en una entrevista con Radio Duna.
Un cuestionable argumento jurídico
El Gobierno fundamenta su posición en la interpretación de las normas sobre reducción de condenas por buena conducta. Aunque la legislación contempla este beneficio para determinados reclusos que hayan cumplido la mitad de sus penas, una reforma aprobada por el Congreso en febrero de 2022 excluyó de esta posibilidad a los condenados por delitos sexuales contra menores.
El ministro sostiene que esa modificación no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes recibieron sentencia antes de su entrada en vigor. Según su interpretación, determinados fallos de la Corte Suprema respaldan la concesión de las rebajas a condenados anteriores a la reforma.
Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que los decretos fueron dictados por el titular de Justicia en ejercicio de sus atribuciones legales y evitó confirmar que existía un criterio jurisprudencial uniforme que respalde las decisiones.
Desde la oposición, el exministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, cuestionó la interpretación de Rabat y sostuvo que el Ejecutivo concedió las reducciones administrativamente sin esperar el resultado de los litigios judiciales. Por su parte, la exvocera Camila Vallejo rechazó que la ley obligara al Gobierno a concederlas.
Rebajas alcanzaron a internos de Punta Peuco
La controversia se amplió tras conocerse que el Ejecutivo también concedió beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Rabat reconoció que se redujeron penas a internos de Punta Peuco, recinto penitenciario de Tiltil. Un documento de la subsecretaría de Justicia difundido por Radio Bío Bío consignó tres decretos relacionados con condenados por secuestro calificado y tortura, aunque no detalló los expedientes ni el tiempo descontado de las penas.
En declaraciones a T13 Radio, el ministro sostuvo que beneficios de esta naturaleza se otorgaron durante los últimos 20 años bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas. Posteriormente, en una entrevista con Mega, afirmó que no recordaba los nombres de los beneficiados.
El ministro ya había generado controversia por su trayectoria profesional, debido a que defendió a Pinochet en 2004 en una causa por presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, archivada tras la muerte del general.
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