Una pareja de vecinos de la zona sur del Gran Buenos Aires, en Argentina, recibirá una indemnización de 16,5 millones de pesos argentinos, más intereses, después de una disputa judicial que comenzó en mayo de 2000. El reclamo se originó por la instalación y el funcionamiento de una torre de comunicaciones de 48 metros de altura, ubicada a unos 25 metros de su vivienda.
Los demandantes afirmaron que la estructura alteró su vida cotidiana y les provocó temor, angustia y preocupación por los posibles riesgos derivados de su cercanía. Tras analizar las pruebas y los informes periciales, la Justicia condenó a dos empresas de telefonía a pagar una reparación por daño moral y tratamiento psicoterapéutico, aunque descartó que se hubiera demostrado que las radiaciones de la antena causaran daños físicos.
¿Por qué demandaron por la instalación de una antena de telefonía cerca de su casa?
La pareja sostuvo que la torre había sido instalada en una zona residencial, donde existían restricciones para las construcciones de gran altura. Además de cuestionar la proximidad de la estructura con las viviendas vecinas, los demandantes expresaron su preocupación por posibles desprendimientos y por el funcionamiento de los equipos de radiocomunicación, el grupo electrógeno y el sistema de señalización nocturna.
Entre los episodios mencionados en el proceso figuró uno ocurrido el 10 de noviembre de 1999, cuando vecinos y bomberos intervinieron ante una humareda en el predio. Las empresas negaron que se hubiera producido un incendio y atribuyeron el episodio al contacto del aceite del generador con una superficie caliente. También cuestionaron las emisiones de radiación no ionizante de la antena, pero las mediciones aportadas se encontraban por debajo de los límites máximos establecidos para el público.
¿Cuánto dinero recibirán y qué determinó la Justicia sobre la antena?
La sentencia fijó 10 millones de pesos argentinos por daño moral para el hombre, 5 millones para la mujer y otros 1,5 millones destinados a un tratamiento psicoterapéutico para él. El tribunal consideró acreditadas las molestias y la angustia vinculadas con la estructura, pero rechazó los reclamos por daños físicos y psicológicos en los términos planteados, al no encontrar pruebas suficientes de una relación directa con la antena.
El fallo también examinó las actuaciones municipales relacionadas con la instalación. La torre había recibido autorizaciones en 1996, pero una ordenanza de enero de 2001 prohibió estructuras de este tipo en determinados sectores residenciales. Posteriormente, el municipio dispuso la clausura y el desmantelamiento, y una inspección de junio de 2009 constató que ya no había actividad radioeléctrica. La demanda contra la comuna fue rechazada porque la jueza consideró que había actuado frente a la nueva normativa.
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