El Congreso rechazó el segundo decreto para estabilidad en arrendamientos y el PP promete derogar las medidas si gana las elecciones, lo que pone en duda el futuro del marco regulatorio.
La votación evidenció las diferencias políticas sobre cómo abordar la crisis residencial un día después de la huelga general contra el encarecimiento de los alquileres. Durante la jornada de protesta del miércoles, que exigió un hogar digno y la recuperación del poder adquisitivo, AFP reportó concentraciones de 120.000 personas en Madrid y 55.000 en Barcelona.
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El Real Decreto-ley 29/2026 frena los desahucios hasta 2030
El Real Decreto-ley 29/2026 paraliza los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Según detalla el Boletín Oficial del Estado, esa moratoria varía conforme al perfil del demandante y las circunstancias del proceso judicial. Para ciertos propietarios, el texto fija revisiones periódicas, un plazo tope de tres años desde la suspensión e indemnizaciones en los casos estipulados.
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Con el fin de frenar la especulación inmobiliaria, la normativa veta durante ese lustro las compras inferiores al 70% del valor ajustado de tasación independiente. La prohibición recae sobre fondos inversores en activos o carteras hipotecarias impagadas y empresas catalogadas como grandes tenedoras. Sin embargo, el decreto exime aquellas transacciones vinculadas a fines sociales, residencia asequible o asistencia a ciudadanos desfavorecidos.
De acuerdo con La Moncloa, el plan también regula las rentas e impulsa el acceso a la primera propiedad. Hasta diciembre de 2027, congela las subidas anuales de arrendamientos que rebasen el índice de referencia, pero establece un tope del 2% por debajo de dicha marca si falta consenso. Finalmente, habilita créditos sin intereses de hasta 50.000 euros para abonar la entrada del hogar y grava con un 10% de IVA ciertos alojamientos turísticos.
El Congreso rechaza la renovación automática de alquileres y el PP promete derogar las medidas si gobierna
El Parlamento rechazó por 35 votos frente a 34 el segundo decreto del Ejecutivo para garantizar la estabilidad en los arrendamientos, debido al giro del PNV hacia la oposición. La iniciativa buscaba imponer prórrogas sucesivas y obligar al propietario a abonar una compensación mínima de doce mensualidades, calculadas bajo el índice estatal de referencia, si decidía interrumpir la relación contractual.
Esa penalización económica contemplaba excepciones legales, como la recuperación del inmueble para uso propio o de familiares directos por parte de personas físicas. Asimismo, dicho mecanismo difiere de la extensión extraordinaria de hasta dos años aprobada en el primer paquete normativo, un beneficio exclusivo para los inquilinos que acrediten los requisitos exigidos, según los registros de La Moncloa.
Por su parte, el Partido Popular (PP) advirtió que anulará estas disposiciones si gana los comicios del 29 de noviembre, según AFP. El futuro del marco regulatorio depende ahora de las urnas, tras un adelanto electoral provocado en octubre cuando las Cortes tumbaron el plan inicial de Pedro Sánchez frente a la emergencia habitacional.
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