Cientos de personas protestaron frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, contra la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de retirar más de 30 piezas de sus exposiciones permanentes. Las obras abordaban temas como los derechos de la comunidad LGBT, las luchas feministas, los asesinatos de dirigentes políticos y el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Los manifestantes denunciaron un intento de censura y reclamaron que la institución preserve la diversidad de la memoria histórica del país.
La movilización incluyó música, consignas y una intervención artística en la que jóvenes pegaron reproducciones de algunas obras desmontadas sobre una estructura de ladrillos en el exterior del recinto. “Si quitan 30 piezas, las vamos a pintar la mayoría de las veces que podamos en la calle”, declaró a la agencia AFP Alejandro, estudiante de Antropología que participó en la protesta y prefirió no revelar su apellido. Por la noche, la Policía antidisturbios dispersó a los asistentes con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y chorros de agua.
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Gobierno alega “adoctrinamiento” para justificar retiro
El Ejecutivo defendió la medida con el argumento de que los espacios culturales no deben funcionar como instrumentos de “adoctrinamiento político”. De la Espriella, en el poder desde agosto, vinculó su decisión con una ofensiva contra “la cultura woke”, término que sectores conservadores emplean de forma despectiva para cuestionar posiciones progresistas.
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El mandatario afirmó que el Estado tiene el deber de impedir que los espacios culturales sean “captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”. Junto con la ministra de Cultura, Paola Holguín, presentó esta postura como parte de una “contrarrevolución cultural”, una de las iniciativas anunciadas por el presidente para defender valores como “la familia, la disciplina, el patriotismo y la fe”.
Entre las piezas retiradas figuran la bandera del orgullo LGBT de la activista Elizabeth Castillo, un afiche del candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990, y el llamado Balígrafo, una pluma elaborada a partir de una bala que se utilizó para firmar el acuerdo de paz de 2016. También fueron desmontados materiales sobre Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y candidato presidencial asesinado ese mismo año, además de objetos vinculados con el movimiento feminista y la Séptima Papeleta, iniciativa ciudadana que contribuyó al proceso que desembocó en la Constitución de 1991.
Los cambios afectaron las salas permanentes Hacer Sociedad y Memoria y Nación, cuyos contenidos fueron desarrollados durante años para representar distintas etapas y experiencias de la sociedad colombiana. Tras el retiro, visitantes encontraron paredes vacías y fotografías ausentes. El museo también prohibió tomar imágenes en su interior, una medida que trabajadores atribuyeron a una nueva directriz.
Museos de Colombia exigen autonomía curatorial
Seis instituciones culturales, entre ellas el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), expresaron su «profunda preocupación» por la decisión y solicitaron a Holguín que garantice la autonomía curatorial de los museos. En su declaración conjunta, advirtieron que retirar piezas por afinidades políticas limita la comprensión de la historia nacional.
“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, señalaron los firmantes. También reclamaron una revisión pública y fundamentada de las decisiones, con participación de los equipos curatoriales y las comunidades vinculadas a las obras.
El antropólogo especializado en museos Andrés Góngora explicó a El País que los guiones de las exposiciones permanentes fueron fruto de más de una década de trabajo de curadores, historiadores y otros especialistas. Según indicó, el proceso buscaba ampliar la representación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres y las personas LGBT, además de abordar episodios dolorosos de la historia.
“El Museo Nacional no responde a una iniciativa partidista, sino a un proyecto de país construido durante distintas administraciones”, afirmó Góngora.
Defensora del Pueblo critica despliegue policial
La defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la intervención de la Policía antidisturbios y señaló que la información recibida indicaba que la protesta había transcurrido de forma pacífica. A su juicio, los daños registrados durante la manifestación no justificaban la disolución de la concentración.
“Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue que consideramos innecesario y desproporcionado frente al carácter pacífico de la manifestación”, expresó Marín en la red social X.
La exsenadora María José Pizarro también denunció que agentes antidisturbios vestidos de civil grabaron a los participantes desde el inicio del plantón. Según afirmó, entre los asistentes había niños, adultos mayores, mujeres y jóvenes, y consideró injustificada la fuerza empleada.
Las protestas se produjeron después de otras movilizaciones contra las políticas de derecha del Gobierno de De la Espriella. Los manifestantes convocaron un nuevo plantón frente al Museo Nacional para defender la permanencia de las piezas y reclamar explicaciones sobre una decisión que ha abierto una disputa entre el Ejecutivo y distintos sectores culturales.
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