Una coalición exige que el líder demócrata bloquee la iniciativa en la Cámara y preserve la capacidad de Nueva York para proteger sus aguas
Nueva York enfrenta un nuevo desafío ante el crecimiento acelerado de las corporaciones de Inteligencia Artificial, no solo por la pérdida de empleos o los efectos en el ámbito escolar. Ahora la nueva pregunta es: ¿quién paga las facturas ante la gran demanda energética y de agua de estas corporaciones?
Vecinos y organizaciones ambientalistas se manifestaron el jueves 19 frente a la oficina distrital de Hakeem Jeffries en Brooklyn para exigir a quien está enfilado a liderar la Cámara de Representantes a partir de enero, a frenar una reforma federal de permisos de instalaciones como los centros de datos, que sirven a las grandes empresas tecnológicas.
La protesta, encabezada por la senadora estatal Kristen González, busca impedir que avance una iniciativa que según la coalición, facilitaría la expansión de los grandes centros de datos y de la infraestructura de combustibles fósiles que podría abastecerlos.
“La tecnología debería mejorar nuestras vidas, no contaminar nuestra agua, sobrecargar nuestra red eléctrica ni encarecer nuestras facturas de servicios públicos”, ha sostenido González desde que respaldó la moratoria de este tipo de proyectos anunciada por la gobernadora Kathy Hochul.
En un comunicado la senadora explicó qué quiere que ocurra después de la moratoria: que las empresas cumplan estándares de energía renovable, negocien acuerdos laborales y garanticen transparencia, participación pública y beneficios para las comunidades.
La senadora que preside el Comité de Internet y Tecnología del Senado estatal también ha exigido que los vecinos puedan conocer los detalles de los proyectos y presentar sus comentarios antes de que se otorguen permisos estatales o locales.
“No es justo que nosotros paguemos parte de la factura de estas corporaciones multibillonarias. Además de forma doble: con nuestras altas facturas y con los riesgos ambientales que siempre impactan de forma más considerable a las comunidades más pobres”, coincidieron en sus discursos varios manifestantes.
Los vecinos y las organizaciones convocantes, entre ellas New York Communities for Change, Food & Water Watch e Indivisible Brooklyn, le piden a Jeffries que se oponga al proyecto si llega a la Cámara.
Los activistas exigen preservar las revisiones ambientales y la facultad de Nueva York para imponer condiciones o negar su certificación a ciertos proyectos que requieren permisos federales y pueden afectar la calidad del agua.

¿Qué es un centro de datos?
Cada vez que alguien guarda una foto en la nube, ve una serie por internet o consulta a un asistente de inteligencia artificial, hay computadoras en otro lugar que almacenan o procesan esa información.
Según la Agencia Internacional de Energía, “un centro de datos es una instalación que alberga servidores, es decir, computadoras que procesan y almacenan información, junto con equipos que permiten transmitirla”.
Se especifica además que los servidores consumen electricidad y generan calor, por lo que necesitan sistemas de refrigeración. Algunos de esos sistemas usan agua para enfriar los equipos.
La preocupación de activistas ambientales y líderes electos de Nueva York es que conectar uno de estos complejos a la red puede exigir nuevas subestaciones o líneas eléctricas. Y es precisamente allí donde surge una pregunta para los hogares y negocios: ¿quién paga esas obras?
Asimismo, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley estimó que el conjunto de los centros de datos representó el 4,4 % del consumo eléctrico de Estados Unidos en 2023. Una actualización del laboratorio proyecta que esa proporción podría llegar al 11,8 % en 2030.
“La tecnología debería mejorar nuestras vidas, no contaminar nuestra agua, sobrecargar nuestra red eléctrica ni encarecer nuestras facturas de servicios públicos”
¿Qué se disputa en Albany y Washington?
En Nueva York, Hochul ordenó en julio una pausa de hasta un año en la emisión de determinados permisos ambientales para nuevos centros de datos con una demanda de 50 megavatios o más.
Asimismo, la Legislatura estatal aprobó en junio un proyecto de González que incluye evaluaciones ambientales, participación pública y categorías tarifarias específicas para el consumo de electricidad y agua de grandes instalaciones. El registro legislativo consultado aún no mostraba la firma de la gobernadora. www.governor.ny.gov
En Washington, la reforma bipartidista conocida como BAAJA acortaría los plazos de revisión para proyectos que incluyen líneas eléctricas, parques eólicos y gasoductos. Sus promotores sostienen que también obligaría a los nuevos centros de datos de 20 megavatios o más a cubrir el costo adicional de la infraestructura eléctrica que requieran.
En paralelo, los organizadores de Brooklyn advierten que los cambios a la sección 401 de la Ley de Agua Limpia reducirían el margen de los estados para revisar proyectos que pueden afectar sus aguas, como explicó la agencia Reuters.
El senador neoyorquino Chuck Schumer votó el 9 de noviembre a favor de abrir el debate y dijo que buscaría cambios para proteger la calidad del agua y la participación comunitaria. Por su parte, Jeffries ha expresado “reservas” según medios nacionales.
Este miércoles, el Senado votó 65 a 31 para cerrar el debate.
En el registro oficial consultado aún figuraba pendiente la votación final. Si el Senado aprueba el texto, la Cámara tendrá que pronunciarse. Ese es el paso que los manifestantes neoyorquinos quieren que Jeffries ayude a frenar.

Otros focos
La preocupación que llevó a vecinos de Brooklyn hasta la oficina de Hakeem Jeffries ya tiene un precedente concreto en el sur del país, por ejemplo como reseña la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) en Southaven, Mississippi, impugnaron el permiso de una planta de gas que abastece a un centro de datos de inteligencia artificial al otro lado de la frontera estatal en Memphis.
Asimismo en Tucson, Arizona, la disputa giró en torno a quién podía usar el agua municipal. Y en Georgia, los reguladores autorizaron condiciones especiales para grandes consumidores de electricidad con el fin de proteger a los demás usuarios de los costos de ampliar la red.
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