Los archivos revelan rastros de amianto meses después de los atentados y aportan pistas sobre la respuesta de las autoridades
La ciudad de Nueva York puso a disposición del público otros 40,000 documentos relacionados con las consecuencias de los atentados del 11-S. Los archivos, que suman más de 200,000 páginas de material divulgado sobre la respuesta posterior a la tragedia, contienen registros que vuelven a cuestionar la información oficial sobre la calidad del aire en las inmediaciones del World Trade Center.
La nueva entrega fue anunciada el 21 de octubre por la administración del alcalde Zohran Mamdani y forma parte de un proceso de apertura documental derivado de un acuerdo judicial con 9/11 Health Watch, organización que representa a sobrevivientes, familiares y trabajadores afectados por enfermedades asociadas con la exposición a contaminantes tras el derrumbe de las Torres Gemelas.
Entre los hallazgos que han llamado la atención figuran registros sanitarios que señalan la detección de amianto 10 meses después de los ataques. La información, reportada por CBS New York, vuelve a poner bajo escrutinio las declaraciones de las autoridades que durante ese período aseguraron que el aire en los alrededores de Ground Zero era seguro.
Los documentos del 11-S reabren el debate sobre la calidad del aire
La publicación busca esclarecer qué información tenían las autoridades municipales sobre los riesgos ambientales y sanitarios después de los atentados, cuándo la conocieron y qué decisiones tomaron a partir de esos datos.
Los documentos incluyen comunicaciones internas, informes relacionados con las condiciones ambientales y antecedentes sobre la respuesta del gobierno local. También abarcan materiales que durante años fueron objeto de reclamos por parte de sobrevivientes y organizaciones civiles, entre ellos el denominado memorando Harding y los registros conocidos como las “68 cajas”.
La apertura de estos expedientes representa un paso relevante para quienes llevan décadas solicitando explicaciones sobre la gestión de la emergencia. Sin embargo, la aparición de nuevos registros no constituye por sí misma una conclusión definitiva sobre las responsabilidades individuales o institucionales. Su alcance dependerá, en buena medida, del análisis de su contenido y de la posibilidad de contrastarlo con las decisiones y declaraciones emitidas en aquel momento.
La alcaldía informó que el archivo público supera las 200,000 páginas y que el presupuesto municipal del año fiscal 2027 contempla $34 millones de dólares para crear y mantener el portal. La iniciativa busca facilitar el acceso a información que permaneció fuera del alcance público durante años.
“Nuestro compromiso de honrar a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre y de ofrecer transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes no puede comenzar ni terminar en el aniversario”, afirmó Mamdani en un comunicado.
Un acuerdo judicial permitió divulgar los expedientes
La publicación más reciente se produjo después de una disputa judicial de varios años entre la ciudad y 9/11 Health Watch. El litigio giraba en torno al acceso a documentos relacionados con la calidad del aire, los riesgos para la salud y las decisiones adoptadas por las autoridades tras el colapso de las torres.
En septiembre, la administración municipal había puesto en marcha el primer portal público dedicado a estos registros, con una entrega inicial de aproximadamente 170,000 páginas. Los 40,000 documentos incorporados en octubre amplían ese conjunto, mientras el gobierno local anticipó que habrá nuevas publicaciones durante los próximos meses.
Benjamin Chevat, director ejecutivo de 9/11 Health Watch, sostuvo que la revisión inicial de los archivos ya había expuesto deficiencias en la respuesta institucional.
“Incluso cuando se conocía la dimensión de los peligros, la ciudad, el estado y el gobierno federal no cambiaron de rumbo”, afirmó, según declaraciones difundidas por la alcaldía.
Chevat también destacó la importancia de establecer qué sabían los funcionarios, en qué momento tuvieron acceso a esa información y cómo respondieron ante los posibles peligros. Los abogados de la organización ya examinan los materiales más recientes y comunicarán sus conclusiones una vez que termine la revisión.
Sobrevivientes y rescatistas esperan respuestas
La demanda de transparencia tiene su origen en los reclamos de primeros respondedores, residentes del bajo Manhattan, familiares de las víctimas y trabajadores que participaron en las labores de rescate y limpieza. Muchos de ellos han buscado durante más de 2 décadas información que permita comprender mejor las condiciones de exposición y las consecuencias sanitarias asociadas con los atentados.
El polvo generado por el derrumbe de las Torres Gemelas y los contaminantes presentes en la zona se convirtieron en una preocupación persistente para quienes trabajaron o vivieron cerca de Ground Zero. En ese contexto, los registros sobre la presencia de amianto adquieren especial relevancia, pues pueden contribuir a reconstruir la evolución de los riesgos ambientales y las advertencias que recibieron las autoridades.
La documentación también podría ayudar a esclarecer las diferencias entre los informes internos y los mensajes públicos difundidos durante la emergencia y sus meses posteriores. No obstante, será necesario estudiar cada expediente para determinar qué evidencia aporta y qué preguntas siguen sin respuesta.
Mamdani había presentado la apertura inicial del archivo como una oportunidad para ofrecer claridad a los neoyorquinos. Con la segunda entrega, el alcalde reiteró su compromiso de continuar con el proceso.
“Me enorgullece publicar estos próximos 40,000 documentos y espero con interés el trabajo que queda por delante”, señaló.
La ciudad prevé divulgar más registros en los próximos meses. Mientras tanto, 9/11 Health Watch continuará examinando los documentos disponibles, en una revisión que podría aportar nuevas piezas para reconstruir la respuesta institucional a una de las tragedias más devastadoras de la historia de Nueva York.
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