El estado amplía la defensa migratoria con fondos para abogados, apoyo a detenidos de bajos ingresos y más atención hoy en Delaney Hall
Nueva Jersey destinará $20.2 millones de dólares a ampliar la asistencia legal para inmigrantes que enfrentan procesos de detención, deportación o expulsión. La gobernadora Mikie Sherrill y el comisionado de Servicios Humanos, Stephen Cha, anunciaron la asignación a 10 proveedores.
La inversión amplía la Iniciativa para la Defensa contra la Detención y la Deportación (DDDI), un programa creado en 2018 que ofrece servicios legales gratuitos a personas que no pueden afrontar los costos de un abogado. El financiamiento aumentó de $8.2 millones a $20.2 millones, casi el triple de los recursos disponibles en los años fiscales anteriores.
Sherrill afirmó que el debido proceso debe garantizarse sin importar el país de nacimiento. Relacionó la ampliación con el aumento de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración de Donald Trump.
¿Quiénes podrán recibir ayuda legal en Nueva Jersey?
La ampliación está dirigida a residentes de bajos ingresos que enfrentan detención migratoria o procedimientos de deportación y no cuentan con representación. El estado indicó que la cobertura incluirá a todas las personas detenidas de bajos ingresos en Delaney Hall que carezcan de abogado.
La asistencia cobra relevancia porque, a diferencia de lo que ocurre en el sistema penal, quienes enfrentan un proceso de expulsión migratoria generalmente no tienen derecho a que el gobierno les asigne un abogado. Quienes no pueden pagar asistencia privada pueden verse obligados a navegar por su cuenta un sistema legal complejo, con consecuencias importantes para su permanencia en el país.
El Departamento de Servicios Humanos canaliza las subvenciones a organizaciones legales que atienden a clientes en New Jersey. La iniciativa nació con entidades comunitarias como Legal Services of New Jersey, American Friends Service Committee y las facultades de Derecho de Rutgers y Seton Hall. La supervisa la Oficina de Nuevos Americanos (ONA).
¿Qué organizaciones recibirán los $20.2 millones?
Del total asignado para el año fiscal 2027, aproximadamente $13 millones corresponden a proveedores que ya participaban en el programa. Legal Services of New Jersey continuará como entidad principal, junto con American Friends Service Committee y las facultades de Derecho de Seton Hall y Rutgers, que participan como subbeneficiarias.
Otros $5 millones se distribuirán entre organizaciones con experiencia en defensa contra la expulsión: la Oficina del Defensor Público de New Jersey, Church World Service y el Consorcio de Nueva Jersey para Niños Inmigrantes. Además, alrededor de $1.2 millones ampliarán la capacidad de defensa mediante Immigration and American Citizenship Organization y Catholic Charities de la Arquidiócesis de Newark.
El millón restante financiará una entidad coordinadora: International Rescue Committee. La ONA reforzó primero los contratos de los proveedores existentes y, en paralelo, abrió una licitación para sumar organizaciones. La convocatoria se anunció a finales de agosto; las cartas preliminares se enviaron a finales de octubre y las definitivas, durante la semana del 9 de noviembre, tras avanzar los procesos de apelación y negociación.
La ampliación de los servicios no será inmediata en todos los casos. Las organizaciones seleccionadas deberán contratar abogados y aumentar sus equipos antes de alcanzar plena capacidad operativa.
Cómo solicitar asistencia migratoria gratuita
Los residentes de New Jersey detenidos por ICE que necesiten apoyo legal deben completar el formulario de derivación de la DDDI, disponible en el sitio oficial del Departamento de Servicios Humanos.
Para solicitar representación de un menor no acompañado, está disponible el Programa de Representación Legal para Niños y Jóvenes. Las familias pueden completar el formulario de derivación en línea o llamar al 201-305-9217.
El estado también ofrece recursos para encontrar servicios legales gratuitos o de bajo costo y materiales de “Conozca sus derechos” disponibles en 22 idiomas. Además, la ONA y la División de Asuntos del Consumidor de la Fiscalía General publicaron directrices para identificar asistencia legal segura y evitar fraudes migratorios. Quienes sospechen haber sido víctimas de una estafa pueden presentar una denuncia ante la División de Asuntos del Consumidor de New Jersey.
La asignación busca ampliar la red de defensa en un momento de mayor presión sobre las comunidades inmigrantes. Para quienes enfrentan detención o deportación, contar con orientación legal puede ser decisivo para conocer las opciones disponibles, responder a los procedimientos y hacer valer las garantías reconocidas por la ley.
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