Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitud de apertura de juicio en contra de Aurelio Valdez Alcántara, un fiscal procesado por presuntamente pedir un soborno a una persona bajo investigación de la que recibió 10,000 dólares, en una entrega controlada por las autoridades en marzo de este año.
El órgano acusador, que presentó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, solicitó que se admita «de manera total» la acusación presentada contra el procesado, y en consecuencia todos sus elementos de prueba, por ser «útiles, relevantes y pertinentes y por haber sido presentada conforme a los requerimientos de ley».
Asimismo, pidió que se mantenga la medida de coerción impuesta a Valdez y que se mantengan todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes, detalló este lunes el Ministerio Público.
De acuerdo con el expediente, entre los procesos de investigación en los que el acusado participó se encuentra la investigación iniciada a mediados del año 2024 contra el entramado de corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La persona que realizó la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado y entonces fiscal Aurelio Valdez, en el mes de diciembre del año pasado.
Tras concluir el interrogatorio Valdez le solicitó al interrogado el número de teléfono, y después le mandó un mensaje vía WhatsApp.
Tras una «serie de acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial», Valdez le dijo al investigado que podía ayudarlo y le propuso que le buscara 200,000 dólares, suma que redujo a 150,000 dólares.
Valdez también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un coche de marca Mercedes Benz.
Posteriormente, ambos acordaron la entrega de 10,000 dólares, tras lo cual se ejecutó una orden de arresto contra Valdez.
Al fiscal acusado le fue impuesta la prisión preventiva el pasado mes de mayo por tiempo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Asimismo, le fue ratificada la prisión el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.