El magistrado George O’Toole Jr. decretó la paralización del reglamento federal y de todas las penalizaciones de este mecanismo desde el 27 de julio de 2025
Un juez federal de Boston, Massachusetts, ordenó la suspensión del procedimiento implementado por el gobierno de Donald Trump para sancionar con hasta $998 dólares diarios a migrantes que permanecen en el país tras recibir órdenes de salida.
El juez de distrito George O’Toole Jr. decretó la paralización del reglamento federal y de todas las penalizaciones emitidas bajo este mecanismo desde el 27 de julio de 2025. Asimismo, determinó que las demandantes cuentan con argumentos sólidos para probar la ilegalidad del procedimiento, al señalar que las autoridades omitieron evaluar los casos individuales y que las sumas exigidas pueden provocar la insolvencia económica de los afectados.
“Esto significa que el Gobierno no puede hacer cumplir estas multas mientras el caso sigue su curso”, informó la organización Legal Aid Society, entidad que ejerce la representación legal del grupo demandante junto a otros colectivos. “Este fallo representa una victoria crucial para las familias inmigrantes que fueron amenazadas ilegalmente con la ruina financiera”.
El fallo frena de forma temporal el cobro de estas penalizaciones mientras avanza el proceso judicial promovido por organizaciones de asistencia legal, informó EFE.
Impacto financiero del reglamento gubernamental
La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reactivada a inicios de 2025 y modificada en junio de ese mismo año junto al Departamento de Justicia, elimina la obligación de enviar avisos previos de sanción y acorta los plazos de apelación.
Según datos oficiales citados por EFE, esta medida política ha perjudicado a más de 100,000 personas en todo el territorio estadounidense, acumulando penalizaciones por un monto global cercano a $84,000 millones de dólares.
Las multas diarias han generado deudas acumuladas de hasta $1.8 millones de dólares en casos particulares, como el de una de las demandantes en Florida, mientras que otra demandante en Massachusetts enfrentó cargos por cientos de miles de dólares.
Legal Aid Society precisó que las afectadas mantenían contacto regular con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y gestionaban recursos legales de regularización; “Ambas demandantes han permanecido en el país para solicitar un alivio migratorio que les permita obtener un estatus legal”, habiendo conseguido una de ellas la residencia permanente.
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