Para diciembre, los magistrados deberán examinar, entre otros asuntos, si la política de deportaciones a terceros países es legal
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este martes que el gobierno de Donald Trump continúe, por ahora, con las deportaciones rápidas de migrantes hacia países distintos al suyo, incluso cuando no tengan vínculos con esas naciones.
Aprobada por 6 votos contra 3, la decisión suspende temporalmente una orden de un tribunal inferior que obligaba a la administración a dar a los migrantes una oportunidad para presentar objeciones antes de trasladarlos a un tercer país.
La Corte Suprema revisará la legalidad de la política en diciembre.
El gobierno de Trump había argumentado que la resolución judicial afectaba sus operaciones de deportación y afirmó que la orden llegó a provocar la cancelación, la semana pasada, de un vuelo con unos 70 migrantes que serían enviados a tres países.
El caso enfrenta a la administración con organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que cuestionan que las personas puedan ser trasladadas a naciones con las que no tienen relación sin contar previamente con una oportunidad efectiva para plantear riesgos de persecución o tortura.
La Corte Suprema ya había intervenido anteriormente en una disputa relacionada con las deportaciones a terceros países y permitió temporalmente que continuaran los vuelos mientras se resolvía el litigio.
Para diciembre, los magistrados deberán examinar, entre otros asuntos, si la política de deportaciones a terceros países es legal y si los tribunales inferiores tenían autoridad para imponer un bloqueo general a su aplicación.
Miles de migrantes enviados a terceros países
El gobierno de Trump ha utilizado acuerdos con distintos gobiernos para trasladar a personas con órdenes finales de deportación cuando sus países de origen no pueden o no quieren recibirlas.
De acuerdo con los datos citados por la agencia de noticias, unas 25,000 personas han sido enviadas a más de dos docenas de países, aunque la mayoría fue trasladada a México.
El gobierno sostiene que estos acuerdos son necesarios para ejecutar las deportaciones y afirma que los países receptores garantizan que los migrantes no serán perseguidos ni sometidos a torturas. La política también ha sido utilizada con personas con antecedentes penales.
Los abogados de los migrantes han denunciado casos de personas encarceladas en países que desconocían antes de su llegada y han advertido sobre situaciones en las que los deportados enfrentarían riesgos de persecución o tortura.
También señalan que algunos de los afectados no tienen antecedentes penales.
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