El muro es uno de los principales proyectos de Trump, quien ha prometido levantar una barrera que se extienda desde el océano Pacífico hasta el golfo de México
La Corte Suprema de Estados Unidos abrió este lunes el camino para que el gobierno de Donald Trump reanude, por ahora, las obras del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas, una decisión que representa un revés para los opositores al proyecto, quienes advierten sobre su impacto ambiental y económico.
El fallo permite que los trabajos continúen mientras avanza el proceso judicial sobre la legalidad de las exenciones regulatorias que la administración Trump ha utilizado para acelerar la construcción de barreras en la frontera con México, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.
El muro es uno de los principales proyectos del presidente republicano, quien ha prometido durante años levantar una barrera que se extienda desde el océano Pacífico hasta el golfo de México.
El Congreso, bajo mayoría republicana, aprobó el verano pasado una partida de $46,000 millones de dólares para financiar las obras. Desde entonces, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha acelerado la instalación de barreras, con un ritmo de aproximadamente 12 millas semanales a lo largo de la frontera.
Para avanzar con el proyecto, el gobierno ha recurrido a exenciones que le permiten sortear distintas regulaciones ambientales y otras normas que suelen retrasar las grandes obras de infraestructura.
Sin embargo, en la región de Big Bend, sectores republicanos y demócratas se han unido para rechazar la construcción. El proyecto contempla la instalación de muros de acero de hasta 30 pies de altura en algunos tramos, además de barreras para vehículos y nuevas carreteras.
Los críticos consideran que la inversión representa un gasto innecesario en una zona donde históricamente se registra una baja cantidad de cruces migratorios irregulares. También sostienen que las obras perjudicarían el paisaje, la economía local y el estilo de vida de las comunidades de la región.
Como alternativa, los opositores han planteado que el control fronterizo podría realizarse mediante tecnología de vigilancia, incluidos drones, sin necesidad de levantar estructuras físicas de esa magnitud.
La disputa llegó a los tribunales después de que un juez federal de Texas fallara a favor de quienes cuestionan el proyecto. La magistrada consideró que el Congreso probablemente no había autorizado de manera suficientemente clara al gobierno a utilizar exenciones tan amplias en una zona que registra la menor tasa de detenciones de migrantes de toda la frontera sur.
Su decisión ordenó detener de inmediato todas las actividades relacionadas con la construcción en el área, que comprende el Parque Nacional Big Bend y terrenos ubicados a lo largo del río, tanto de propiedad estatal como privada.
La administración Trump defendió la necesidad de continuar las obras y argumentó que en Big Bend también se producen cruces fronterizos irregulares e incautaciones de drogas, y advirtió que el tráfico podría aumentar si esa zona permanece sin barreras mientras se construye el muro en otros sectores.
Los abogados del gobierno federal también cuestionaron la autoridad del juez para paralizar los trabajos y señalaron que la legislación limita considerablemente las posibilidades de impugnar judicialmente las exenciones concedidas para las obras fronterizas.
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