Santo Domingo.- El mes de julio ha estado marcado por una serie de hechos en los que agentes de la Policía Nacional se han visto involucrados en muertes y actuaciones denunciadas como presuntos excesos en distintas localidades del país, reavivando el debate sobre el uso de la fuerza y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de la institución.
A solo 17 días de iniciado el mes de julio, al menos ocho personas han fallecido en hechos vinculados a operativos o mientras se encontraban bajo custodia de la Policía Nacional, según los casos reportados.
En las últimas semanas, varias muertes ocurridas en operativos o acciones policiales han provocado reclamos de familiares, organizaciones de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad, que exigen investigaciones imparciales y el establecimiento de responsabilidades cuando se determine un uso excesivo de la fuerza.
Aunque los hechos de este mes han tenido gran repercusión, especialistas señalan que no se trata de un fenómeno aislado. Investigaciones periodísticas reflejan que las muertes en intervenciones policiales han sido una constante durante las últimas tres décadas.
Entre los casos más recientes figura el de Darlyn Enmanuel Mercado Reyes, quien murió tras recibir un disparo presuntamente realizado por un cabo de la Policía Nacional en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste. De acuerdo con la versión de sus familiares, el joven intentaba explicar que una motocicleta retenida a un amigo era de su propiedad cuando ocurrió el incidente. El agente implicado, José Francisco Moreta Heredia, enfrenta una solicitud de medida de coerción mientras familiares y comunitarios exigen una investigación transparente.
Otro caso es el de Miguel Antonio Lucas Valenzuela, quien falleció luego de permanecer seis días bajo custodia en un destacamento policial de San Cristóbal. Sus familiares denuncian que fue arrestado sin orden judicial por un capitán de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y aseguran que fue entregado en condiciones críticas, con fiebre alta, desnutrición, desorientación y múltiples golpes visibles. Exigen que las circunstancias de su muerte sean esclarecidas.
En Santo Domingo Este también perdió la vida Luis Adriano Acosta Mercedes, conocido como “Luis Sangre Mala”. Según la Policía Nacional, murió durante un presunto intercambio de disparos con una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), que intentaba ejecutar una orden de arresto en su contra por un ataque previo con arma de fuego. El caso permanece bajo investigación.
Asimismo, la muerte de Rawel Sierra continúa generando indignación. Sus familiares mantienen protestas frente a la Fiscalía de Santo Domingo Este para exigir justicia. Afirman que el joven recibió un disparo en la cabeza cuando una patrulla policial intervino para dispersar una protesta en el sector Brisas del Este, mientras se dirigía a comprar comida a un establecimiento cercano.
Estos casos, ocurridos en apenas las primeras semanas de julio, vuelven a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, garantizar investigaciones independientes y transparentes, y avanzar en la transformación institucional de la Policía Nacional.
Las cifras históricas reflejan que el problema se ha mantenido durante décadas. De acuerdo con registros recopilados sobre muertes a manos de agentes policiales, entre 1996 y el 17 de julio de 2026 se contabilizan alrededor de 7,135 personas fallecidas en intervenciones policiales.
Durante la actual gestión gubernamental, además, más de 270 jóvenes han perdido la vida en actuaciones policiales, concentrándose la mayor cantidad de víctimas entre los 19 y 29 años, según los datos disponibles.
Los acontecimientos registrados durante casi tres décadas mantienen abierta la discusión sobre la urgencia de una reforma policial que garantice la protección de los derechos humanos, establezca mecanismos efectivos de rendición de cuentas y asegure que cualquier actuación irregular sea investigada y sancionada conforme a la ley. Diversos sectores también insisten en reforzar la formación, evaluación y supervisión permanente de los agentes como parte de la transformación institucional.
…
De acuerdo con la investigación Patrulla Letal, publicada por Diario Libre, desde 1996 se han registrado miles de muertes en acciones de la Policía Nacional, muchas de ellas reportadas inicialmente como “intercambios de disparos” y, en años más recientes, como “acciones legales”. El estudio documenta más de 1,900 fallecimientos desde 2004 y evidencia que este tipo de hechos ha persistido bajo distintas administraciones gubernamentales.
