La jueza federal de Nueva Jersey rechazó la solicitud de la administración del presidente Donald Trump de usar una ley tradicionalmente utilizada para proteger a las clínicas de aborto para demandar a activistas propalestinos que participaron en una manifestación frente a una sinagoga de Nueva Jersey hace dos años.
Katharine S. Hayden, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, desestimó una demanda civil presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, en relación con una protesta frente a la Congregación Ohr Torah en West Orange, donde manifestantes proisraelíes se enfrentaron el 13 de noviembre de 2024.
En una decisión que estableció repetidamente una distinción entre expresiones “indeseadas u ofensivas” y amenazas de violencia o violencia real, la jueza desestimó la demanda del gobierno republicano. Su dictamen otorgó a la administración 30 días para presentar una demanda enmendada.
Aunque la Ley FACE se ha usado tradicionalmente para garantizar el acceso a las clínicas de aborto, la administración, en una aplicación poco convencional de la ley, presentó una demanda civil en busca de daños y perjuicios contra seis manifestantes propalestinos, incluido el grupo American Muslims for Palestine – New Jersey.
La legislación, en vigor desde hace 32 años, aparte de proteger a las clínicas de aborto, prohíbe también que una persona “perjudique, intimide o interfiera intencionalmente con… una persona que ejerce legalmente” su derecho a la libertad religiosa amparada por la Primera Enmienda. No obstante, Hayden aseguró que la medida no “impone responsabilidad por la defensa de causas disruptivas, ofensivas u hostiles como tal”.
“Para que la Ley FACE se aplique al elemento central de las acusaciones (en torno a la protesta de West Orange), significaría que cada empujón, forcejeo, pelea o conducta violenta que ocurra durante una protesta como la que se alega aquí se convierte automáticamente en una violación de la Ley FACE”, expresó Hayden.
De acuerdo con lo que escribió, al hacerlo, “se demonizaría a los manifestantes que ejercen sus derechos amparados por la Primera Enmienda, tildándolos de parte de una turba, algo que esta denuncia pretende hacer”.
El vocero del DOJ, Kiersten Pels, dijo: “El Departamento está revisando la orden judicial y evaluando los pasos a seguir”.
El defensor de los acusados celebró el fallo como una victoria para la libertad de expresión, informó Gothamist.
Por su parte, la abogada Emma Vasta-Kuby aseguró que la demanda era “un caso de prueba” para que el DOJ determinara si podía aplicar exitosamente la Ley FACE fuera de su ámbito tradicional. Dicha ley fue promulgada por el expresidente Bill Clinton en 1994, en medio de un aumento de la violencia contra las clínicas y los proveedores de servicios de aborto.
“Creo que lo que hemos visto con toda claridad es que [el Departamento de Justicia] fracasó”, indicó Vasta-Kuby. “Fracasaron en todos los sentidos”.
Agregó además: “Este fallo demuestra que esta ley y otras similares no pueden utilizarse para reprimir la libertad de expresión protegida políticamente, especialmente en lo que respecta a Palestina y Gaza”.
El gobierno de Trump argumentó que los acusados participaron en un esfuerzo coordinado para intimidar y perturbar a los fieles judíos en la sinagoga, que estaba albergando una feria inmobiliaria de propiedades en Israel y Cisjordania.
Las mencionadas ferias que promueven el sector inmobiliario en los asentamientos israelíes causaron polémica y se han vuelto más controvertidas desde el bloqueo israelí a Gaza, después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.
La protesta de noviembre de 2024 incluyó gas pimienta, amenazas a gritos y enfrentamientos físicos entre manifestantes y personal de seguridad contratado por la sinagoga, dicen los documentos judiciales y los informes de los medios de comunicación.
Varias personas fueron heridas, se hicieron arrestos y el gobierno argumentó varios actos de intimidación, tanto presunta como percibida.
Pero Hayden escribió que la queja de la administración de Trump no logró superar un obstáculo constitucional.
“Los límites de la ley deben aplicarse con cuidado”, escribió. “Dado que la Ley de Delitos contra la Mujer (FACE) regula conductas que pueden ocurrir junto con la expresión política fundamental, los tribunales deben distinguir entre la fuerza, las amenazas de fuerza y la obstrucción física que la ley prohíbe y la actividad de protesta protegida, incluso si es violenta, indeseada o perturbadora”.
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