Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó una norma de la Universidad Internacional de Florida (FIU) que prohibía las protestas dentro de sus edificios y suspendió las sanciones impuestas a estudiantes que se manifestaron contra el acuerdo de la institución con ICE.
La jueza Jacqueline Becerra determinó que la prohibición probablemente viola la libertad de expresión y ordenó una medida cautelar mientras continúa el proceso judicial iniciado por el grupo estudiantil ICEBreakers.
El caso surgió después de una protesta silenciosa realizada en marzo durante un foro de la rectora Jeanette Núñez, exvicegobernadora de Florida durante el mandato de Ron DeSantis. Los estudiantes se levantaron y mostraron camisetas con el mensaje “ICE fuera de la FIU”.
La jueza cuestiona las restricciones
FIU abrió posteriormente procedimientos administrativos contra siete participantes por infringir su prohibición de realizar “actividades expresivas” dentro de los edificios universitarios.
Seis estudiantes recibieron amonestaciones escritas, mientras que el procedimiento contra el séptimo continuaba abierto. La nueva orden judicial suspende esos castigos.
“La expresión de los estudiantes no puede limitarse salvo que perturbe de forma sustancial la misión educativa o implique un desorden grave o la invasión de los derechos de otros”, escribió Becerra.
La decisión fue difundida por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida, que representa a los estudiantes en el litigio.
“Bloquear esta norma significa que los estudiantes pueden empezar el semestre de otoño sin miedo a que los castiguen por protestar pacíficamente”, afirmó Max Fondren, dirigente de ICEBreakers.
FIU, pionera en el programa 287(g)
El conflicto está relacionado con el acuerdo migratorio que FIU suscribió voluntariamente en 2025, cuando se convirtió en la primera universidad estadounidense en incorporarse al programa 287(g).
Este mecanismo permite que determinados cuerpos policiales locales asuman funciones de agentes migratorios federales. Según la demanda, ninguna institución educativa fuera de Florida participa en ese programa.
La protesta que originó el caso se produjo precisamente contra ese convenio y llevó a ICEBreakers a presentar una demanda contra la universidad el pasado 11 de agosto.
FIU tiene además una población estudiantil con una fuerte presencia hispana: casi el 70 % de sus alumnos de grado son hispanos y alrededor de 600 estudiantes están acogidos a DACA, según los documentos judiciales.
La medida dictada por Becerra es provisional y formalmente solo protege a los integrantes de ICEBreakers. La ACLU sostiene, sin embargo, que el razonamiento utilizado por la jueza implicaría que la norma tampoco podría aplicarse constitucionalmente contra otros estudiantes.
Con información de EFE.
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