Santo Domingo. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará inicio este miércoles al juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás imputados acusados de integrar una presunta estructura de corrupción administrativa que habría operado en la Procuraduría General de la República durante el período 2016-2020.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Rodríguez encabezó una red que presuntamente ejecutó maniobras fraudulentas relacionadas con procesos de contrataciones, compras, pagos irregulares y el manejo de recursos públicos de la institución, ocasionando un perjuicio económico que supera los RD$6,000 millones.
El órgano acusador sostiene que el supuesto entramado utilizó distintos mecanismos para desviar fondos del Estado mediante contrataciones amañadas, adquisición de bienes y servicios con sobrevaluaciones, pagos irregulares y otras prácticas consideradas contrarias a la ley.
En el expediente también figuran varios exfuncionarios y colaboradores de la Procuraduría General de la República, a quienes el Ministerio Público atribuye distintos niveles de participación dentro de la presunta estructura. Algunos de los procesados han admitido su responsabilidad en determinados hechos y acuerdos alcanzados con el órgano persecutor durante el desarrollo de la investigación.
Con el inicio del juicio de fondo, el tribunal comenzará a conocer las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas tanto por el Ministerio Público como por las defensas de los imputados, con el propósito de determinar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
Durante la audiencia preliminar y las etapas previas del proceso, la defensa de Rodríguez ha rechazado las imputaciones, alegando que la acusación carece de fundamento y que las actuaciones realizadas durante su gestión se ajustaron al marco legal vigente.
Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado reiteró al Ministerio Público ya las demás partes que deberán abstenerse de utilizar el nombre con el que anteriormente fue identificado el proceso judicial, en cumplimiento del criterio establecido por el Tribunal Constitucional sobre el uso de motas o sobrenombres en los expedientes penales.
El tribunal precisó que, si bien el uso previo de esa denominación no vulneró el derecho de defensa de los imputados, dispuso que, en lo adelante, las partes deberán referirse al proceso por su denominación formal durante el desarrollo del juicio.
