Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey, presentó una demanda contra Amazon por motivos antimonopolio, alegando que el minorista en línea abusa de su poder sobre los contratistas externos de reparto para sofocar la competencia y perjudicar a los trabajadores.
“Tal como sostiene nuestra demanda, Amazon construyó una empresa valorada en billones de dólares mientras sometía a los conductores de su red de reparto a salarios artificialmente bajos y a condiciones laborales penosas, gracias a su abrumador poder en el mercado laboral”, declaró Davenport en un comunicado.
Amazon impide que los repartidores se sindicalicen, restringe a los contratistas de su red de reparto la contratación de conductores de otras empresas del mismo tipo y limita la competencia por la mano de obra, lo que deriva en salarios más bajos y hace que los empleados “soporten condiciones laborales más duras de lo debido”, agregó la fiscal estatal.
En respuesta, Amazon afirmó en un comunicado que la “demanda carece de fundamento fáctico” y calificó de “totalmente erróneas” las acusaciones sobre las condiciones laborales. “La realidad es que los proveedores de servicios de reparto (DSP) son empresarios independientes que toman sus propias decisiones sobre contratación, gestión de flotas y planificación de capacidad, y deciden si trabajar con otras empresas además de Amazon”, aseguró la compañía.
Desde 2018 Amazon opera su programa de socios de servicios de reparto, basado en una red de miles de pequeñas empresas contratadas para gestionar la entrega de paquetes en la “última milla”, desde los almacenes de la compañía hasta la puerta de los compradores. Esto ha permitido a Amazon reducir su dependencia de grandes empresas de mensajería como UPS y FedEx, al tiempo que agiliza las entregas, señaló CNBC.
El modelo ha sido objeto de un creciente escrutinio por parte de legisladores, organismos reguladores y defensores de los derechos laborales, quienes sostienen que Amazon utiliza la etiqueta de contratista externo para eludir responsabilidades y evitar emplear directamente a su fuerza laboral de reparto, aunque sigue ejerciendo control sobre aspectos como salarios, horarios y uniformes. Pero Amazon ha argumentado que los socios de reparto tienen pleno control sobre sus operaciones.
También en NYC
La Ciudad de Nueva York está evaluando una legislación que obligaría a Amazon a emplear directamente a los DSP, entre otras medidas. Amazon ha dicho que “consideraría trasladar las operaciones de reparto” fuera de la ciudad a consecuencia de ese proyecto de ley (Delivery Protection Act /Intro 518), mientras que un grupo del sector tecnológico advirtió que la medida podría elevar los costos de envío para los consumidores.
La llamada Ley de Protección de Entregas, impulsada por la concejal demócrata Tiffany Cabán, plantea que empresas como Amazon, FedEx, DHL y FreshDirect deben obtener licencias municipales y contratar directamente a sus repartidores, en lugar de operar mediante subcontratistas, publicó New York Post.
