Pablo Aguilar Álvarez, ciudadano salvadoreño, fue declarado culpable por un jurado en Long Island (NY) de conducir borracho, delito que ya había cometido tres veces antes en los últimos 10 años, y en el ínterin había sido deportado, pero logró regresar a EE.UU.
“No cabe duda de que Pablo Aguilar Álvarez es un peligro para la sociedad. A pesar de contar con múltiples condenas previas por delitos graves de conducción en estado de ebriedad, este acusado decidió una vez más ponerse al volante tras haber bebido, poniendo en riesgo a todos los usuarios de la vía pública”, declaró el Fiscal de Distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado. “E incluso ahora, a pesar del veredicto del jurado, nada le impide volver a ponerse al volante y poner en peligro la vida de los residentes del condado Suffolk”.
Los registros indican que el acusado fue deportado de Estados Unidos el 1 de marzo de 2024 debido a sus condenas previas por delitos graves, y que actualmente se encuentra el país indocumentado. Las pruebas presentadas durante el último juicio demostraron que el 29 de noviembre de 2025, aproximadamente a la 1:24 a.m., Aguilar Álvarez se puso al volante de un automóvil después de haber estado bebiendo. Condujo junto a su novia hasta una gasolinera, situada en la intersección de Flanders Road y Longneck Boulevard en Southampton, con el fin de comprar más alcohol. Mientras se encontraban en el interior del establecimiento, su compañera pidió al empleado que llamara al 911. Acto seguido, ambos abandonaron el lugar en el auto, con él manejando.
Tras recibir la llamada al 911, que incluía una descripción del vehículo y su matrícula, agentes del Departamento de Policía de Southampton localizaron a Aguilar Álvarez. Los oficiales observaron cómo el conductor no respetaba una señal de alto y cruzaba la línea central amarilla continua doble en Longneck Boulevard, momento en el que procedieron a interceptar el auto.
Cuando se detuvo, Aguilar Álvarez salió por el lado del pasajero en un intento de ocultar que él había estado conduciendo. El acusado no superó las pruebas de sobriedad estandarizadas realizadas en el lugar y consintió someterse a una prueba química de alcoholemia, la cual reveló una tasa de alcohol en sangre del 0.17%.
El 7 de agosto de 2026, tras un juicio con jurado, Aguilar Álvarez (36) fue condenado por conducción en estado de ebriedad y conducción agravada de un vehículo de motor sin licencia. La sentencia quedó programada para el 2 de octubre. El acusado se enfrenta a una pena máxima de siete años de prisión, y a ser deportado al salir en libertad.
Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.
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Casos similares de conducción irresponsable
A fines de julio Melissa Ramírez, conductora de 27 años, fue arrestada como sospechosa de haber conducido borracha, causado un choque en el que perdieron la vida un policía fuera de servicio y su novia en Danbury, Connecticut.
También el mes pasado Michael Peña fue sentenciado a prisión tras declararse culpable de conducir drogado y borracho siendo bombero FDNY, chocando contra un BMW y causando la muerte del joven conductor Justin Díaz en Queens (NYC). Además Justin Osorio (24) fue acusado de conducir a alta velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol, causando la muerte de la madre de su hija en Long Island (NY).
Wilson Adrián Morocho Necta, ecuatoriano sospechoso de atropellar mortalmente a un peatón en Nueva Jersey y huir de la escena en marzo, sigue prófugo. Según las autoridades federales ingresó indocumentado a Estados Unidos en dos ocasiones, una de ellas después de haber sido deportado.
En junio Matthew Smith, joven de 21 años, se declaró culpable de haber chocado borracho el vehículo de Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), provocándole la muerte. También ese mes junio un jurado declaró culpable de cuatro homicidios al ex Marine Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.
A fines de mayo un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se convitió en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía de Westchester fuese acusadode conducir en estado de ebriedad (DWI).
Además John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía.
También en mayo un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY). A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas. En febrero John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.
En diciembre Huang Yisong, conductor de autobús con una licencia de Nueva York, fue acusado como sospechoso de un choque mortal en Tennessee. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el de Transporte (DOT) denunciaron entonces que Yisong es un ciudadano chino con licencia de conducir comercial (CDL) de Nueva York que había reprobado el examen de dominio del inglés que se le aplicó después del accidente múltiple del 9 de diciembre en Tennessee. El DHS indicó además que había ingresado sin documentos a Estados Unidos desde México en 2023.
En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. Igualmente ese mes Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.
En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY). También ese año Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY).
En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.
En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.
En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).
En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.
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