SANTO DOMINGO.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aprobó la actualización del Manual de Compensación y Beneficios, una medida que aplicará un aumento salarial indexado del 30% para los jueces, juezas y servidores judiciales de la República Dominicana.
El incremento busca contrarrestar el alza en el costo de vida y se ejecutará en dos etapas: un 20% a partir de julio de 2026 y el 10% restante en enero de 2027.
La resolución del órgano de gobierno judicial reajusta de forma directa los sueldos de oficinistas, secretarios de tribunales y abogados ayudantes de Primera Instancia y de Corte de Apelación.
Asimismo, el plan unifica los salarios de los cargos Directivo I, II y III fijando un monto único por escala, y establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del CPJ no recibirá este beneficio económico por declinación voluntaria.
La reforma también regula los ingresos temporales de los jueces electos como consejeros del CPJ bajo la Ley núm. 105-13 de Regulación Salarial del Estado, aclarando que no representa un ascenso ni altera la Carrera Judicial.
Finalmente, la institución dispuso un plazo de 60 días para evaluar al personal de las secretarías comunes y garantizó que ningún servidor sufrirá rebajas de sueldo ni pérdida de derechos adquiridos durante el proceso.
El reajuste de la escala salarial, que se mantenía fija desde el año 2022, toma en cuenta la evolución de las funciones judiciales y administrativas del sistema.
El CPJ justificó la medida tras un análisis técnico del impacto inflacionario acumulado, con el objetivo de retener el talento calificado dentro de los tribunales dominicanos.
Para el personal administrativo de apoyo, las compensaciones se calcularán de manera diferenciada según el nivel de instancia penal, civil o comercial en la que operen los oficinistas.
Los secretarios de tribunales reciben una ponderación especial en este esquema debido a sus responsabilidades directas en la gestión de audiencias y el trámite de los expedientes judiciales.
En el caso de los abogados ayudantes adscritos a secretarías comunes, el plan contempla una auditoría de puestos que iniciará de inmediato para determinar qué empleados ameritan un cambio de categoría.
Los directores de departamentos verán simplificadas sus estructuras bajo un salario único equivalente al mínimo actualizado, eliminando distorsiones internas en el presupuesto de la institución.
