La incorporación a la facturación electrónica supone un cambio en la operación de miles de negocios dominicanos. Para las micro y pequeñas empresas, sin embargo, cumplir con este requisito implica algo más que aprender a emitir comprobantes fiscales digitales: requiere equipos tecnológicos, conocimientos para manejar el sistema y recursos para asumir una inversión que compite con los gastos cotidianos del establecimiento.
Aunque la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ampliará el plazo para que las micro y pequeñas empresas se acojan a la facturación electrónica y que, por el momento, no aplicará multas, penalidades ni bloqueos a los contribuyentes que no completaron su incorporación en la fecha establecida, la medida mantiene la incertidumbre entre los pequeños comerciantes.
En opinión de Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), el principal obstáculo está en las limitaciones económicas y tecnológicas de los pequeños negocios para asumir los cambios que exige el sistema.
“Para que un dueño de colmado, minimarket o almacén pueda comprar una computadora, tiene que sacar dinero del que circula, dejar de comprar algo para poder comprar eso”, explicó a elDinero.
La discusión adquiere relevancia por el peso que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en la estructura productiva del país. Cruz Rojas sostiene que estas representan el 98.5% del tejido empresarial y afirma que el 85% opera en la informalidad.
El dirigente vincula estas condiciones con las dificultades que enfrentan algunos comerciantes para cumplir con los requisitos tecnológicos y administrativos. Afirma que parte de ellos trabaja con equipos obsoletos y carece de los conocimientos necesarios para manejar herramientas digitales.
El gremio, que asegura tener alrededor de 20,000 miembros distribuidos en las 32 provincias, también identifica limitaciones en el manejo de herramientas digitales. Cruz Rojas sostuvo que algunos de sus afiliados se comunican mediante notas de voz porque tienen dificultades para redactar mensajes desde sus teléfonos celulares.
En ese contexto, cuestiona qué acciones se desarrollaron durante el período adicional concedido para facilitar la adaptación de los establecimientos. “¿Qué hicimos en seis meses para que esas micros y pequeñas cambiaran de tener las dificultades que tienen?”, planteó.
El acceso al financiamiento representa otro obstáculo para estos negocios. Según Cruz Rojas, muchos carecen de historial de pago, contabilidad organizada y referencias comerciales verificables, condiciones que dificultan su acceso a préstamos en el sistema financiero formal para cubrir los gastos de adaptación.
El dirigente mencionó una inversión de RD$100,000 en equipos electrónicos como ejemplo de lo que podría representar la adecuación para un establecimiento, no obstante, aclaró que no se trata de un costo promedio del proceso.
El riesgo para los clientes
Los gastos de incorporación también plantean un dilema para los comerciantes: asumir la inversión con los recursos del negocio o intentar recuperarla mediante los precios. Cruz Rojas advierte que trasladar esos costos al consumidor podría restar competitividad a los establecimientos frente a otros que mantengan sus precios.
“Si le aplican a los consumidores finales todos esos costos, puede ser que uno no lo haga y otro sí”, afirmó. Ante ese riesgo, recomendó calcular la inversión y determinar en cuánto tiempo podría recuperarse sin trasladar todo el gasto al consumidor. El impacto potencial, sin embargo, podría extenderse a la cadena de distribución.
Cruz Rojas estima que en el país existen unos 90,000 colmados y alrededor de 150 empresas que realizan ventas rancheras, mediante camiones que llevan mercancías directamente a esos establecimientos.
El dirigente advierte que las empresas distribuidoras podrían enfrentar dificultades para vender a los establecimientos que no hayan completado su incorporación al sistema.
En ese escenario, algunos camiones podrían regresar con mercancías sin vender, lo que, a su juicio del dirigente comercial, tendría repercusiones en la comercialización y podría afectar la producción nacional.
Plazos legales
La Ley 32-23 de Facturación Electrónica estableció un calendario de incorporación por etapas, según la clasificación de los contribuyentes. En mayo de 2026, la DGII extendió por seis meses el plazo para las micro y pequeñas empresas y los contribuyentes no clasificados, que venció el pasado 15 de noviembre.
Sin embargo, aunque el director de la DGII, Pedro Urrutia Sangiovanni, había señalado que el reglamento de aplicación de la ley contempla una única prórroga de seis meses, la institución informó que, por instrucciones del Poder Ejecutivo, ampliará nuevamente el plazo para las micro y pequeñas empresas y las personas físicas.
Para Cruz Rojas, el proceso debió acompañarse de una estrategia específica para los negocios de menor tamaño, con acciones que tomaran en cuenta sus condiciones económicas y sus capacidades operativas.
El dirigente propone que la DGII establezca canales de diálogo con las 50 o 60 federaciones de comerciantes que, según afirma, operan en el país. Además, plantea involucrar a los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales en las acciones de orientación y acompañamiento.
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