SANTO DOMINGO.– El emplazamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, para que detenga las muertes ocurridas durante actuaciones policiales generó reacciones entre diputados de distintas organizaciones políticas.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ignacio Aracena, consideró que Derechos Humanos debe replantearse el papel que desempeña ante la situación de inseguridad que vive el país.
“Yo creo que Derechos Humanos debe de repensar el papel que tiene que jugar en una sociedad como la República Dominicana en el día de hoy”, expresó Aracena.
El legislador agregó que la sociedad debe respaldar las acciones dirigidas a enfrentar la delincuencia.
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“Hoy la sociedad dominicana debe de respaldar todas las acciones que se están tomando para garantizar la tranquilidad social. La seguridad de los dominicanos está por encima de todo”, sostuvo.
Mientras, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Jr., planteó que la Policía debe concentrarse en prevenir la delincuencia y defendió el respeto al debido proceso.
“La Policía tiene que tratar de prevenir la delincuencia”, manifestó.
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Mariotti Jr. reconoció que existen casos de personas vinculadas a hechos delictivos que generan rechazo, pero insistió en que las actuaciones de las autoridades deben producirse dentro del Estado de Derecho.
“Hay gente que yo con casos que he visto también he dicho, bueno, pero quizá no merecen estar vivos. Pero la realidad es que en la República Dominicana impera el Estado de Derecho. Entonces, yo creo en el debido proceso”, expresó.
El diputado opositor también respaldó el reclamo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investiguen estos casos y dijo estar de acuerdo con que la organización acuda a organismos internacionales.
De su lado, Carlos de Pérez, diputado de Fuerza del Pueblo por La Romana, sostuvo que la función de la Policía debe ser apresar a los señalados de cometer delitos para que posteriormente sean sometidos ante la justicia.
“La Policía Nacional lo que tiene que hacer es apresarlos, el Ministerio Público acusarlo adecuadamente y el Poder Judicial condenarlo”, afirmó.
De Pérez aclaró que esto no significa que los agentes policiales deban dejar de protegerse cuando exista una amenaza contra su integridad.
“Eso quiere decir que la Policía no se defienda si tiene que protegerse la integridad del policía, de ninguna manera. Si llega ese momento se tiene que hacer”, indicó.
Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de evitar que las muertes durante intervenciones policiales sean asumidas como un resultado que deba celebrarse.
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“Como país no podemos celebrar las ejecuciones extrajudiciales porque hay muchos inocentes que se van ahí”, manifestó.
Las declaraciones se producen mientras continúa el debate sobre los denominados “intercambios de disparos”. Según un reporte publicado 37 personas habían muerto en septiembre en enfrentamientos con agentes de la Policía, aunque las circunstancias de cada caso corresponden a investigaciones individuales.
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