
Santo Domingo. – Ciudadanos de San Cristóbal reaccionaron a la decisión de un tribunal unipersonal que declaró inocentes a los propietarios de Vidal Plast, acusados por el Ministerio Público en relación con la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023, que dejó 38 personas fallecidas y decenas de lesionados.
Tras conocerse el fallo, algunas personas cuestionaron que no se hayan establecido responsabilidades por el hecho y plantearon la necesidad de que las autoridades continúen dando respuestas sobre lo ocurrido.
Jesús Javier calificó como una irresponsabilidad que, según afirmó, el Gobierno no haya ofrecido una respuesta a quienes perdieron seres queridos en la tragedia.
“Todavía no han dicho nada. Dijeron que ellos están libres de todo eso, pero yo eso lo veo como una irresponsabilidad porque ¿y la gente que murió ahí?”, expresó Javier, quien recordó que el pasado sábado acudió al lugar y observó una gran cantidad de personas reunidas en el espacio donde ocurrió la explosión.
El ciudadano cuestionó además la respuesta de las autoridades frente a la tragedia y aseguró que todavía existe dolor entre quienes fueron afectados.
“El Gobierno no ha hecho nada ni dice nada”, manifestó, al considerar que corresponde al Estado dar una respuesta ante una tragedia de esa magnitud.
Javier también lamentó que hayan transcurrido casi tres años desde la explosión sin que, a su juicio, se haya dado una respuesta suficiente a quienes todavía reclaman justicia.
Otra ciudadana, identificada como Mayra, también consideró que debe determinarse quiénes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido y que el caso debe continuar siendo investigado por las autoridades correspondientes.

“Yo creo que tienen que hacer justicia con lo que provocaron esta tragedia”, manifestó Mayra al referirse a la decisión del tribunal.
La sentencia favoreció a Edward Armando Vidal Garrido, su esposa Maribel Sandoval Almánzar y su hija Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, además de la empresa Vidal Plast SRL.
El Ministerio Público los había acusado de homicidio involuntario por presunta “torpeza”, “imprudencia” e “inobservancia” de reglamentos relacionados con las actividades comerciales, el almacenamiento de plásticos y normas sanitarias y medioambientales.
El abogado Teobaldo Durán, representante de la familia propietaria y de la empresa, informó que la magistrada también absolvió a los imputados en el aspecto civil, debido a que los parientes de los fallecidos desistieron de perseguir indemnizaciones por daños y perjuicios.
De su lado, Roberto Faxas, quien asegura representar a las víctimas, informó que mantienen una demanda contra el Ayuntamiento de San Cristóbal y el Ministerio de Obras Públicas, instituciones a las que responsabilizan de la tragedia. Según explicó, la acción fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo por RD$3,800 millones.
De acuerdo con Faxas, a las 38 personas fallecidas que fueron identificadas se suman 12 desaparecidos cuyos cuerpos fueron declarados jurídicamente fallecidos por el Congreso Nacional.


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