Las grandes agencias de Hollywood han decidido ir más allá del incentivo fiscal federal. WME, CAA y UTA anunciaron la formación de una coalición junto a productoras como Imagine Entertainment y Legendary para impulsar una ley que obligue a las plataformas de streaming a adquirir al menos el 50 % de su contenido original a productores independientes.
La propuesta también limitaría la duración de los contratos de licencia, con el objetivo de reactivar los mercados secundarios, que prácticamente han desaparecido. Según sus promotores, Hollywood no solo sufre la fuga de rodajes al extranjero, sino también un ecosistema tan concentrado que asfixia la creatividad y dificulta que productores, guionistas y actores se beneficien de su trabajo.
Ken Ziffren, cofundador del bufete Ziffren Brittenham, lleva décadas defendiendo esta idea. A su juicio, el incentivo fiscal puede cambiar el lugar de rodaje, pero no quién es dueño de las obras ni quién obtiene beneficios de ellas, por lo que considera imprescindible combinarlo con un marco de propiedad modernizado.
Una norma de los años setenta como modelo
La iniciativa se inspira en las normas conocidas como fin-syn, que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó en 1970, cuando solo existían tres cadenas de televisión. Estas reglas impedían a las cadenas poseer los derechos de sindicación de sus programas, lo que las obligaba a comprar series a superproductores como Norman Lear y Grant Tinker. Muchos atribuyen a aquel sistema una etapa de televisión innovadora que dio títulos como La hora de Bill Cosby.
La derogación de estas normas a mediados de los noventa abrió paso a una ola de integración vertical, con la compra de Capital Cities/ABC por parte de Disney y la de CBS por parte de Viacom. En 2002, una coalición liderada por Ziffren pidió sin éxito que el 25 % de la programación en horario de máxima audiencia procediera de productores independientes.
El productor e inversor Jeff Sagansky sostiene que el empleo en la industria también desaparece por la consolidación del streaming en torno a cuatro grandes compañías, que actúan como un oligopolio y encargan entre un 30 % y un 40 % menos de horas de programación que hace unos años. Mark Vahradian, productor de la franquicia Transformers, añade que, al quedarse con todos los derechos durante 10 a 20 años, las plataformas apuestan solo por secuelas y franquicias.
Un camino difícil hasta el Congreso
La batalla no será sencilla. La propuesta requiere una ley del Congreso, ya que la FCC solo tiene competencia sobre el espectro radioeléctrico público, y se topará con la oposición de Netflix, Amazon y el resto de plataformas. La Streaming Innovation Alliance ya la ha calificado de mandatos gubernamentales inflexibles que frenarían la producción, mientras que Andrew Long, de la Free State Foundation, advierte de que el mercado actual está mucho más diversificado que en los setenta.
Los impulsores no lograron incluir sus ideas en el proyecto de créditos fiscales presentado en septiembre y ahora apuntan a 2027, cuando se espera que los demócratas controlen al menos una de las cámaras. La representante Laura Friedman asegura que su prioridad sigue siendo aprobar el incentivo bipartidista, aunque comprende la preocupación. Desde UTA, Rich Shuter insiste en que ambas medidas son complementarias.
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