Santo Domingo, RD.– El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso la noche de este domingo prisión preventiva a ocho imputados en el caso Senasa 2.0 y declaró complejo el proceso relacionado con un presunto entramado de corrupción en perjuicio del Estado.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del expediente. Reportes posteriores a la decisión indican que los ocho imputados deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva.
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Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
Mientras, Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
El Ministerio Público atribuye al grupo y a otros procesados participación en un presunto esquema que habría causado un perjuicio superior a RD$40 millones al Estado mediante operaciones vinculadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
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Medidas en Senasa 2.0
Durante la audiencia, celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el magistrado también impuso arresto domiciliario a Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Asimismo, dispuso garantía económica para Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Para otros imputados fueron establecidas medidas que incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El tribunal conoció medidas contra 26 personas dentro del expediente.
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Camacho advierte a médicos
A su salida de la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exhortó a los médicos a no facilitar sus códigos de acceso, al advertir sobre las posibles consecuencias penales de esa práctica.
“Exhorto a los médicos a que no presten su código. Prestarlo puede arrastrarlos a un proceso penal”, expresó.
Camacho sostuvo que, de los 22 médicos imputados, si estos no hubieran prestado sus códigos, el presunto esquema investigado no habría podido desarrollarse.
“Debemos tomar esto como base para que se realice una campaña que les diga a los médicos que no presten su código”, manifestó.
El funcionario indicó, además, que la investigación relacionada con Senasa 2.0 continúa abierta y que las autoridades seguirán desarrollando las pesquisas.
Investigación de Senasa 2.0
El caso, identificado también como Operación Cobra 2.0-A, investiga a exempleados del Seguro Nacional de Salud, médicos y otras personas vinculadas al sector salud por presuntas irregularidades contra la aseguradora estatal.
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Entre las maniobras atribuidas por el Ministerio Público figuran la falsificación de expedientes médicos y la facturación y cobro de servicios de salud que presuntamente no fueron realizados.
La audiencia concluyó pasadas las 10:00 de la noche. En el Palacio de Justicia también estuvieron presentes familiares de los imputados mientras esperaban la decisión sobre las medidas de coerción.
El Ministerio Público atribuye a los procesados presuntas violaciones al artículo 146 de la Constitución, relativo a la proscripción de la corrupción; asociación de malhechores; falsificación y uso de documentos falsos, y estafa en perjuicio del Estado, entre otras infracciones.
La acusación también contempla presuntas violaciones a la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social y a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Algunos de los procesados también enfrentan imputaciones por lavado de activos.
Las medidas de coerción no constituyen una condena y los imputados mantienen la presunción de inocencia durante el proceso judicial.
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