Durante el verano de este año se ha visto marcado por la intensificación de las medidas de control migratorio en Estados Unidos, que se caracteriza por los violentos y a veces mortales enfrentamientos entre agentes federales y ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros.
Ahora, en pleno verano, se está produciendo otro tipo de reacción: una avalancha de demandas que argumentan lesiones causadas por actos ilegales o negligentes por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso en Nueva York y Nueva Jersey.
Las secciones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en los dos estados se unieron esta semana a sus filiales en 17 estados y Washington D.C., para presentar un total de 54 denuncias administrativas argumentando daños causados por agentes de ICE en encuentros con inmigrantes y sus familiares, ciudadanos y no ciudadanos, así como diferentes defensores y manifestantes.
En Nueva Jersey, una enfermera clínica, profesora universitaria y abuela presentó una demanda vinculada con los disturbios sucedidos el 25 de mayo frente al centro de detención de ICE Delaney Hall en Newark. La denuncia dice que resultó herida cuando agentes encapuchados de ICE la lanzaron al suelo en medio de un altercado a las afueras del centro, que ha sido un punto álgido de enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes anti-ICE.
Asimismo, en Nueva York, de acuerdo con un comunicado de la ACLU, se presentaron cuatro denuncias en nombre de personas “que sufrieron discriminación racial, arrestos ilegales y angustia emocional grave”. Uno de los denunciantes argumentó que fue detenido sin el debido proceso y separado de sus hijos.
En total, 29 ciudadanos estadounidenses presentaron demandas, entre ellas una docena que alegan haber sido arrestados ilegalmente luego de ser víctimas de discriminación racial. En 2026, en un fallo de emergencia, el Tribunal Supremo autorizó de facto el uso de la discriminación racial como herramienta para la aplicación de la ley en materia de inmigración, aunque siguen las impugnaciones en los tribunales inferiores.
“Mientras la administración Trump sigue permitiendo que los agentes del ICE brutalicen a las comunidades, es importante que utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance para buscar justicia”, dijo la directora legal de la ACLU de Nueva Jersey, Jeanne LoCiero, en un comunicado que anunciaba la demanda presentada en el estado. La demanda fue interpuesta por Norma Bowe, una voluntaria que dirigía una clínica móvil de salud en las afueras de Delaney Hall cuando ocurrió el presunto incidente.
Las demandas coordinadas, presentadas en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, ilustran la extensión y diversidad de las reclamaciones interpuestas contra agentes de ICE y funcionarios federales en comunidades de todo Estados Unidos. Por separado, los oficiales son objeto de escrutinio por una amplia gama de incidentes que escapan al ámbito del proceso administrativo de reclamaciones, incluidas las investigaciones penales sobre los tiroteos fatales de ciudadanos y no ciudadanos perpetrados por agentes de ICE en Houston, Minneapolis y Biddeford, Maine.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, emitió un comunicado en el que criticaba a ACLU y denunciaba lo que la agencia consideraba un fuerte aumento de los ataques y amenazas dirigidos contra los agentes del orden. Acusó a la organización de estar del lado de los “inmigrantes ilegales delincuentes”.
“¿Cuándo reconocerá la ACLU el caos y la crueldad de los agitadores anti-ICE y los inmigrantes ilegales delincuentes, y cuándo reconocerá a las víctimas de los delitos cometidos por inmigrantes ilegales?”, decía dicho comunicado, atribuido a la subsecretaria del DHS, Lauren Bis.
La ley federal autoriza a los particulares a demandar al gobierno del presidente Donald Trump por daños y perjuicios causados por actos ilícitos o negligentes de empleados federales que actúan en el ejercicio de sus funciones y que, de otro modo, estarían protegidos de demandas civiles por la inmunidad soberana.
Las demandas son decididas por jueces federales, no por jurados, y la ley prohíbe la concesión de daños punitivos, informó Gothamist.
Los incidentes citados en los casos de la ACLU argumentan lesiones que implican a personas alcanzadas por balas de goma y rociadas con irritantes químicos, personas maltratadas y detenidas, para posteriormente ser liberadas una vez confirmada su ciudadanía estadounidense, y distintas denuncias de malos tratos mientras estaban detenidas por el ICE.
La demandante del caso de Nueva Jersey, cuyo enfrentamiento a las afueras de Delaney Hall fue reportado por NJ.com, aseguró en su demanda que sufrió lesiones físicas importantes cuando trató de ayudar a una joven que había sido “arrastrada” por el suelo en medio de la violencia.
Manifestó que los agentes la “arrojarron” hacia adelante con tanta agresividad que “salió volando por los aires y se estrelló contra el suelo, rebotando una vez antes de aterrizar con la cabeza sobre la acera de hormigón y la parte inferior del cuerpo” golpeando el asfalto.
“Los agentes del ICE actúan con total impunidad y causan daño a su antojo”, declaró Bowe en un comunicado. “Sin rendición de cuentas, más personas resultarán heridas y morirán. El ICE debe rendir cuentas”
La demanda solicita $500,000 dólares en concepto de indemnización por lesiones personales.
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