La Alcaldía de Nueva York y la Fiscalía de Distrito de Manhattan acordaron reforzar su cooperación para combatir el robo de salarios, el acoso a inquilinos y las estafas dirigidas contra migrantes, como parte de una nueva alianza que busca acelerar las investigaciones y sanciones contra quienes vulneren los derechos económicos de los neoyorquinos.
El alcalde Zohran Mamdani, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr., y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad, Samuel A.A. Levine, anunciaron el jueves 20 de agosto la firma de un memorando de entendimiento para coordinar sus acciones de aplicación de la ley.
La Alcaldía de Nueva York publicó en su página web que el acuerdo permitirá que el DCWP y la Fiscalía de Manhattan compartan información, datos y estrategias de investigación para identificar con mayor rapidez prácticas ilegales y llevar ante la justicia a quienes perjudiquen a trabajadores, inquilinos, migrantes y otros residentes de la ciudad.
“Si alguien roba tu salario, te acosa para sacarte de tu casa o te estafa por tu estatus migratorio, eso es un delito, y vamos a perseguirlo como tal”, afirmó Mamdani, quien agregó que ambas oficinas ahora podrán compartir expedientes, pistas y avanzar de manera coordinada.
“Los neoyorquinos que hacen lo correcto y van a trabajar todos los días merecen una ciudad que los respalde”, sostuvo.
Contra el abuso económico
La alianza busca concentrarse especialmente en sectores de la población que enfrentan mayores riesgos durante la crisis de asequibilidad. Para Bragg, la cooperación permitirá fortalecer la respuesta de las autoridades frente a los actores que se aprovechan de trabajadores, inquilinos e migrantes.
“Una de mis principales prioridades como fiscal de distrito es enfrentar a los malos actores que atacan a los habitantes vulnerables de Manhattan mediante el robo de salarios, las estafas, el acoso a inquilinos y más”, dijo.
El fiscal señaló que el trabajo conjunto permitirá utilizar procedimientos tanto civiles como penales de manera más eficiente y afirmó que la coordinación con el DCWP ayudará a garantizar que quienes incurran en estas prácticas rindan cuentas.
Por su parte, Levine sostuvo que el acuerdo permitirá a la ciudad actuar de manera más coordinada para conseguir resultados y alivio económico con mayor rapidez.
La alianza contempla un enfoque en tres grupos considerados particularmente vulnerables: trabajadores afectados por el robo de salarios, inquilinos sometidos a prácticas de acoso y personas migrantes víctimas de fraude.
La vicealcaldesa para la Justicia Económica, Julie Su, explicó que anteriormente una denuncia por robo de salario y una investigación penal podían avanzar por vías separadas. Con el nuevo mecanismo, ambas agencias podrán trabajar con la misma información y de manera simultánea.
El objetivo, según Su, es acelerar la respuesta en casos como el de un repartidor al que no le pagan, un inquilino que enfrenta presiones para abandonar su vivienda o un migrante estafado por un supuesto proveedor de servicios migratorios.
El memorando establece que la Fiscalía de Manhattan y el DCWP podrán compartir información, incluida información confidencial, para avanzar en investigaciones y casos, siempre de acuerdo con las leyes aplicables.
Las agencias también coordinarán acciones investigativas y, cuando corresponda, podrán desarrollar procedimientos civiles y penales de manera paralela.
La Alcaldía aclaró que cada organismo conservará plena independencia y autoridad sobre los asuntos que correspondan a su jurisdicción.
El DCWP ya remitía casos a la Fiscalía de Manhattan para que fueran evaluados desde el punto de vista penal. El nuevo acuerdo busca fortalecer ese mecanismo de referencia y añadir un intercambio de información que permita a ambas instituciones actuar de forma más eficiente.
Como parte de la iniciativa, las dos oficinas también organizarán un evento de alcance público en Manhattan junto con organizaciones laborales, de protección al consumidor y de defensa de los migrantes. La actividad tendrá como objetivo informar a los neoyorquinos sobre sus derechos como trabajadores y consumidores.
Robo de salarios, acoso y estafas
La Fiscalía de Distrito de Manhattan investiga y procesa violaciones al Código Penal y a las leyes laborales de Nueva York relacionadas con el robo de salarios, la explotación de trabajadores, situaciones que pongan en riesgo a empleados, fraudes dirigidos contra migrantes y conductas predatorias o de acoso por parte de propietarios.
Entre sus casos recientes se encuentran la acusación contra una marca de ropa de lujo por presunta explotación laboral y robo de salarios, el procesamiento de una persona señalada de robar a vendedores ambulantes de comida y la declaración de culpabilidad de un responsable de una estafa de alquiler que habría obtenido miles de dólares de sus víctimas.
El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York tiene entre sus funciones la aplicación de las normas municipales destinadas a proteger a consumidores y trabajadores frente a prácticas engañosas, predatorias o injustas.
La agencia también hace cumplir la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad, la FARE Act y distintas normas laborales, entre ellas las relacionadas con el tiempo libre protegido, los horarios laborales y los derechos de los trabajadores de reparto.
Uno de los focos de la nueva alianza será el fraude contra migrantes cometido por proveedores de servicios de asistencia migratoria, conocidos en algunos casos como “notarios”.
La Alcaldía aseguró que estos proveedores pueden cobrar tarifas excesivas o ilegales, hacer afirmaciones falsas sobre su capacidad para ofrecer asesoría jurídica o garantizar indebidamente determinados resultados migratorios.
Las autoridades sostienen que este tipo de prácticas puede afectar especialmente a migrantes que buscan orientación y terminan pagando por servicios que no pueden prestar legalmente.
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