La Alcaldía de la Ciudad de Nueva York anunció este viernes el nombramiento de Jennifer Jones Austin como nueva presidenta de la Junta de Revisión de Quejas Civiles, el organismo independiente encargado de investigar denuncias por presuntos abusos policiales.
La designación ocurre en un momento en que la administración de Zohran Mamdani enfrenta presión para avanzar en las reformas policiales prometidas durante su campaña, informó The New York Times.
Jones Austin, abogada y directora ejecutiva de la Federación de Agencias de Bienestar Protestantes, es una reconocida figura del liderazgo cívico de la ciudad. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos en las administraciones de Michael Bloomberg y Bill de Blasio, además de desempeñarse como presidenta de la Junta de Correcciones, subcomisionada de la Administración de Servicios para Niños y presidenta de la Comisión de Justicia Racial de Nueva York.
También integró el equipo de la división de derechos civiles de la Fiscalía General del estado que investigó la aplicación de la controvertida política de “detención y registro” por parte del Departamento de Policía de Nueva York, tras la muerte de Amadou Diallo.
Al anunciar el nombramiento, Mamdani destacó la trayectoria de Jones Austin en la defensa de comunidades históricamente marginadas y aseguró que su liderazgo fortalecerá la confianza pública en el organismo de supervisión.
“Jennifer Jones Austin ha dedicado su carrera a defender a los neoyorquinos que durante demasiado tiempo han estado excluidos de los centros de poder. Comprende que la seguridad pública y la rendición de cuentas van de la mano”, expresó el alcalde en un comunicado citado por el medio
Durante la campaña electoral, Mamdani respaldó la propuesta de otorgar a la CCRB la autoridad final sobre las sanciones disciplinarias contra agentes del NYPD. Sin embargo, posteriormente moderó esa postura y mantuvo el esquema vigente, en el que la última decisión corresponde a la comisionada de Policía, Jessica Tisch.
El alcalde aún enfrenta críticas por no haber concretado otras promesas, como la eliminación del Grupo de Respuesta Estratégica, una unidad utilizada para controlar protestas y señalada por presuntos episodios de uso excesivo de la fuerz, o la eliminación de la base de datos de presuntos miembros de pandillas.
Incluso recibió observaciones de la sección neoyorquina de los Socialistas Democráticos de América después de que trascendiera un plan para aumentar la plantilla policial en 580 agentes, iniciativa que posteriormente fue retirada.
Supervisión y tensiones con los sindicatos
The New York Times recordó que un supervisor federal que monitorea el cumplimiento del acuerdo judicial relacionado con las prácticas de detención y registro concluyó este año que continúan registrándose detenciones inconstitucionales y deficiencias en la rendición de cuentas disciplinaria dentro del NYPD.
Jones Austin afirmó que asume el cargo con la convicción de garantizar tanto la supervisión del Departamento de Policía como la responsabilidad de la propia CCRB ante la ciudadanía.
La nueva presidenta sostuvo que no parte de la premisa de que el NYPD sea una institución racista, aunque señaló que, como ocurre en otras estructuras gubernamentales, es necesario reconocer que los prejuicios y el racismo han existido dentro de esos sistemas y deben abordarse mediante procesos justos y basados en evidencia.
Su llegada también se produce tras varios años de confrontación entre la CCRB y los sindicatos policiales. La Asociación de Beneficencia Policial ha cuestionado reiteradamente el funcionamiento del organismo y este año presentó demandas para impugnar la divulgación pública de acusaciones contra agentes cuando estas terminaban siendo consideradas infundadas o sin pruebas suficientes, indicó el diario.
Patrick Hendry, presidente del sindicato, señaló que Jones Austin será la quinta persona en ocupar la presidencia de la CCRB en los últimos tres años y afirmó que la organización está dispuesta a colaborar con ella, aunque advirtió que no aceptará “promesas vacías”.
Más de 5,000 denuncias el año pasado
La Junta de Revisión de Quejas Civiles está integrada por 15 miembros y tiene facultades para investigar denuncias relacionadas con abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, lenguaje ofensivo y falta de cortesía por parte de agentes del NYPD. Tras concluir las investigaciones, recomienda sanciones disciplinarias a la comisionada de Policía y, en los casos más graves, puede presentar cargos administrativos que derivan en juicios internos.
Cifras citadas por The New York Times señalan que el organismo recibió alrededor de 5,600 denuncias contra policías durante el año pasado. De ellas, aproximadamente 2,100 fueron consideradas con fundamentos suficientes para ser investigadas y cerca de la mitad concluyeron con recomendaciones disciplinarias.
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