El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, abrió un nuevo frente legal contra el Concejo Municipal por una ley que obliga al sistema público de escuelas a entregar un bono de $10,000 dólares a los auxiliares docentes con salarios más bajos.
La norma, conocida como RESPECT Check Act, fue aprobada por el Concejo con los votos suficientes para superar un veto de la Alcaldía. Mamdani dejó que el proyecto se convirtiera en ley sin firmarlo y, posteriormente, su administración anunció que presentaría una demanda para intentar frenar los pagos.
La disputa coloca al gobierno municipal frente a una cuestión que va más allá del cheque extraordinario: hasta dónde puede llegar el Concejo cuando una medida afecta directamente las condiciones laborales de trabajadores representados por un sindicato.
Mamdani cuestiona el papel del Concejo
Según informa NY Daily News, la administración sostiene que las remuneraciones de los trabajadores sindicalizados deben resolverse mediante negociación colectiva y no a través de una legislación aprobada por los concejales. El argumento se apoya en la llamada Taylor Law, el marco laboral que regula las relaciones entre los empleados públicos y sus empleadores en Nueva York.
Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, afirmó que la ciudad busca proteger el derecho de los sindicatos a negociar las condiciones laborales de sus integrantes. Según el funcionario, permitir que los políticos establezcan pagos por fuera de la mesa de negociación crearía un precedente peligroso.
El gobierno de Mamdani también cuestiona que el bono sea una solución permanente. Se trata de un pago extraordinario que no modifica de manera estructural los salarios de los auxiliares docentes ni corrige las desigualdades acumuladas durante años.
La posición del alcalde ha llamado la atención porque durante su campaña electoral había respaldado una versión anterior y más costosa de la propuesta. Sin embargo, una vez instalado en el gobierno, cambió su postura y comenzó a expresar dudas sobre la legalidad y las consecuencias financieras de la medida.
Un bono de $10,000 para los auxiliares docentes
La ley establece que los trabajadores elegibles recibirán el próximo año 4 pagos trimestrales de $2,500, hasta completar los $10,000. El bono será de carácter único y no se incorporará al cálculo de los beneficios de jubilación.
Para un trabajador que comienza su carrera con un salario cercano a $32,600, el monto representa una inyección considerable de dinero. Precisamente ahí radica una de las principales razones por las que el Concejo y el sindicato defienden la medida: consideran que los bajos ingresos han contribuido a una persistente escasez de personal en las escuelas públicas.
La falta de auxiliares docentes tiene un impacto especialmente sensible en los estudiantes con discapacidades, que dependen de estos trabajadores para recibir apoyos y servicios contemplados dentro del sistema de educación especial.
Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal, defendió la aprobación unánime y bipartidista de la ley. La funcionaria sostuvo que el bono no solo es justo para los trabajadores, sino también fiscalmente responsable, al vincular la falta de personal con los problemas que enfrenta la ciudad para cumplir determinadas obligaciones de educación especial.
La batalla legal apenas comienza
La ciudad calcula que el programa tendrá un costo de aproximadamente $325 millones durante un año y 2 ciclos fiscales, de acuerdo con la evaluación de impacto financiero elaborada por el Concejo. Aunque se trata de un gasto significativo, sus defensores subrayan que es temporal y que podría ayudar a estabilizar una plantilla que lleva tiempo enfrentando dificultades para cubrir vacantes.
El enfrentamiento ya encontró aliados en ambos lados. Antes de que la administración anunciara la demanda, el Concejo y la United Federation of Teachers, sindicato que representa a los auxiliares docentes de las escuelas públicas, aseguraron que defenderían la ley ante los tribunales.
Michael Mulgrew, presidente de la UFT, y Priscilla Castro, responsable del capítulo de auxiliares docentes, comunicaron a sus afiliados que estaban preparados para librar una batalla legal en defensa del bono y de los trabajadores que mantienen en funcionamiento las escuelas.
El caso plantea, además, una pregunta política incómoda para Nueva York. Si los tribunales permiten que el bono avance, el Concejo podría encontrar un precedente para intervenir en asuntos que tradicionalmente se resuelven mediante contratos colectivos. Si la ciudad obtiene una victoria, en cambio, quedaría reforzado el argumento de que las condiciones salariales de los empleados sindicalizados deben definirse en la mesa de negociación.
Por ahora, los auxiliares docentes permanecen en el centro de una disputa institucional que combina salarios bajos, escasez de personal, educación especial y límites al poder municipal. El cheque de $10,000 es el elemento más visible, pero la verdadera batalla de Nueva York se libra por quién tiene la última palabra cuando se trata de fijar las condiciones de trabajo de miles de empleados públicos.
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