Como era de esperarse, el impuesto conocido como “pied-à-terre”, que impone un nuevo tributo a propietarios de inmuebles de alto costo en la Gran Manzana que tengan dos casas, y que vivan fuera de la ciudad, se ha convertido en una nueva manzana de la discordia. Y aunque el Estado dio vía libre para que empezara a implementarse, se vislumbra que la pelea por el impuesto será a varios asaltos.
Y es que mientras la administración Mamdani y organizaciones comunitarias defienden con “uñas y dientes” el nuevo impuesto, que inicialmente el gobierno local estima afectará a unos 900,000 neoyorquinos, que tienen una segunda casa en la Gran Manzana, (avaluada en más de $5 millones, o condominios y cooperativas de $1 millón de dólares o más, en las que no residan), los propietarios rechazan la medida y están dando una batalla legal en la corte que no piensan abandonar.
Así lo reiteraron en una audiencia sobre la implementación del impuesto a las segundas residencias que tuvo lugar en el Concejo Municipal, a la que no asistieron representantes de la Alcaldía, lo que aumentó la indignación de críticos y dueños de inmuebles gravados, quienes aseguraron que la Ciudad los está estigmatizando. El envío de cartas a dichos propietarios no ha caido nada bien.
“La forma en que la administración local publicó más de 900,000 nombres y direcciones demostró lo que piensa sobre los propietarios de viviendas en esta gran ciudad. Que esto es algo de lo que deberíamos avergonzarnos: una lista negra que distingue entre quienes tienen y quienes no tienen. Nos están señalando públicamente”, aseguró Kamillah Hanks, concejal de la zona de North Shore de Staten Island, durante la diligencia legislativa.
Los propietarios a quienes se les comenzó a cobrar el nuevo tributo, recalcaron que irán hasta las últimas consecuencias en los tribunales, donde presentaron una demanda por los procedimientos de implementación. En la demanda advierten que la Ciudad les está cobrando a muchos de los afectados un “sobrecosto ilegal” sin que se les explique los motivos de dicha clasificación, donde presuntamente la Ciudad asume, sin pruebas, que sus casas en la Gran Manzana no son residencias principales.
A principios de mes, el juez Wayne Ozzi, del Tribunal Supremo de Staten Island, ordenó una suspensión temporal de la implementación del impuesto a las segundas residencias, que según datos de la administración local solo eximiría del impuesto a unos 17,000 propietarios.
Sin embargo la administración Mamdani apeló el fallo y el 13 de agosto la División de Apelaciones permitió que se continuara con la implementación del impuesto mientras se tramita el recurso en una audiencia pautada para el 31 de agosto, por lo que se mantiene el plazo del 18 de septiembre para solicitar exenciones del pago.
El tributo busca reunir anualmente unos $500 millones de dólares para programas sociales, como el cuidado infantil gratuito y acceso a salud.
“Siempre que el gobierno implementa una nueva ley que afecta a miles de propietarios, inevitablemente surgen preguntas. El gobierno debe comunicar de manera clara y eficaz las nuevas políticas, y el Departamento de Finanzas está comprometido a hacerlo, no solo con respecto a esta ley, sino en todos los aspectos de su labor”, aseguró el comisionado de Finanzas, Richard Lee, a través de un testimonio escrito al Concejo Municipal.
Se estima que hasta el momento más de 5,000 propietarios han presentado solicitudes de exención del impuesto y se han aprobado unas 2,300.
Sobre la ausencia de representantes de la administración Mamdani en la audiencia ante el organismo legislativo, Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, explicó que la Administración municipal “realizó un esfuerzo de buena fe para colaborar con el Concejo a fin de encontrar un momento más adecuado” para la diligencia.
“La Administración propuso posponerla para una fecha próxima, pero el Concejo rechazó la oferta. Dado el litigio en curso —y el hecho de que la audiencia se centraba explícitamente en las mismas cuestiones que constituyen el núcleo de dicho litigio, iniciado por familiares de un miembro del Concejo y otras personas—, la Administración consideró que no sería prudente ni redundaría en el interés legal de la Ciudad comparecer en persona”, le dijo a El Diario el vocero de Mamdani.
“En su lugar, el comisionado Lee presentó un testimonio por escrito. Asimismo, tal como indicó en dicho testimonio, sigue estando disponible para declarar después del 31 de agosto y vería con buenos ojos esa oportunidad”, dijo el funcionario. “El objetivo de la Administración sigue siendo garantizar que este recargo cumpla su propósito: generar los ingresos que nuestra ciudad necesita para atender a los neoyorquinos de los cinco condados”.
Y desde la esquina del ring, también del lado del plan de Mamdani, se manifestaron organizadores comunales, defensores de comunidades marginadas y líderes políticos, quienes organizaron una protesta a las afueras del Concejo Municipal para exigir que el tributo a las segundas residencias (pied-à-terre) no se tumbe.
Ellos defienden que ese rubro es esencial para preservar servicios básicos de los que dependen miles de neoyorquinos de bajos recursos y es necesario para poder financiar la agenda de asequibilidad del alcalde Mamdani.
Así lo destacó Brahvan Ranga, director de campaña de “Invest in Our New York”, quien manifestó que el movimiento busca que “los muy ricos paguen lo que les toca en impuestos”, como un primer paso importante para abordar la crisis presupuestaria de la Gran Manzana, justo cuando “la desigualdad de ingresos está disparada” y el gobierno federal ha otorgado a los residentes más adinerados un recorte fiscal anual de $12,000 millones de dólares.
“Los más ricos se resisten para proteger sus ganancias a costa del resto de nosotros; sin embargo, debemos seguir adelante, impulsar este impuesto y generar miles de millones de dólares en nuevos ingresos progresivos para nuestra gente”, aseguró el activista.
La asambleísta Jessica González-Rojas, insistió en que los ingresos recaudados pueden ayudar a proteger los servicios esenciales de los que dependen familias neoyorquinas e invertir más para hacer que Nueva York sea más asequible.
“Los neoyorquinos llevan años organizándose para construir un sistema fiscal más justo, en el que los más ricos contribuyan con la parte que les corresponde. Y el impuesto a las segundas residencias es un paso importante para hacer realidad esa visión, al exigir que quienes pueden permitirse segundas viviendas multimillonarias contribuyan más a la ciudad de la que se benefician”, dijo la legisladora de origen latino. “Nuestra organización colectiva da resultados, y debemos seguir construyendo el poder necesario para hacer que Nueva York sea más equitativa para la clase trabajadora”.
Fahd Ahmed, director ejecutivo de la organización “Desis Rising Up & Moving”, recalcó que no es justo que personas adineradas tengan dos viviendas de alto costo en las que no viven sin que paguen más impuestos.
“Si puedes permitirte una segunda residencia (pied-à-terre) de uso ocasional en Nueva York, puedes permitirte ayudar a financiar la Ciudad que hace que valga la pena tenerla”, dijo el líder comunitario. “Las personas que compran propiedades multimillonarias y las dejan vacías la mayor parte del año siguen beneficiándose de todo lo que otorga valor a dichas propiedades: el metro, las escuelas y la cultura. Ya es hora de que ellos también ayuden a financiarlos”.
Jamell Henderson, presidente del Consejo Regional de la Ciudad de Nueva York de Citizen Action of New York, defendió el impuesto a segundas propiedades que no se usan como viviendas principales como un acto de justicia.
“Como neoyorquino de nacimiento, he visto cómo el costo de vida se dispara mientras los trabajadores se ven obligados a estirar cada dólar simplemente para salir adelante. Y un impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) es un primer paso importante para lograr que los neoyorquinos más ricos paguen finalmente lo que les corresponde”, aseguró Henderson.
“Ahora debemos reinvertir esos ingresos en las comunidades, escuelas, viviendas y servicios públicos de los que dependen las familias trabajadoras. Gravar a los ricos no solo es justo, sino que es la forma de construir una Nueva York donde todos puedan prosperar”, agregó.
Joey Botros, vicepresidente regional de CIR-SEIU, mencionó que urge que los fondos que dejará dicho impuesto se inviertan entre otras cosas en programas de salud que tanto necesitan comunidades de la Gran Manzana, especialmente con el impacto que ha ocasionado la cancelación de recursos de la administración Trump a planes de acceso a seguro médico en Nueva York.
“Los trabajadores de la salud vemos de primera mano el impacto que estos atroces recortes federales tienen en nuestro sistema y en nuestros pacientes. Y los más ricos construyen sus fortunas sobre la infraestructura y la mano de obra que el resto de nosotros aportamos”, dijo el defensor del impuesto. “Es hora de que paguen lo que les corresponde. El impuesto a las segundas residencias en Nueva York nos permite fortalecer la atención médica, invertir en educación y proteger a los neoyorquinos de los recortes de Trump”.
Datos sobre impuesto “pied-à-terre”
- 900,000 neoyorquinos recibieron cartas como posibles tributables
- $5 millones o más es el valor de la segunda casa por la que pagarán impuesto quienes no vivan en NYC
- $1 millón o más es el valor de acciones en condominios y cooperativas del segundo inmueble para ser tributable
- 17,000 propietarios de dos casas de altos montos se estima estarían exentos del impuesto por vivir en NYC como residencia principal
- 13 de agosto la División de Apelaciones permitió que se continuara con la implementación del impuesto, tras una demanda contra la medida
- 31 de agosto habrá una audiencia de apelación para saber el futuro del tributo
- $500 millones de dólares por año se estima recibirá la ciudad con este nuevo impuesto a los ricos
- 5,000 propietarios han presentado solicitudes de exención del impuesto
- 2,300 han recibido la aprobación para no pagarlo
- $12,000 millones de dólares recibieron los más ricos de NYC en recortes de impuestos federales
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