La ofensiva legal de la administración del presidente Donald Trump contra las políticas de matrícula estatal para inmigrantes indocumentados genera preocupación entre estudiantes universitarios de Nueva York, quienes temen que un eventual cambio en las tarifas les impida continuar sus carreras y alcanzar sus metas profesionales.
El Departamento de Justicia demandó el lunes a Nueva York, Connecticut y Vermont bajo el argumento de que sus políticas permiten a estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula para residentes estatales, mientras que ciudadanos estadounidenses provenientes de otros estados deben pagar costos más elevados, publicó Daily News.
La demanda pone en riesgo los beneficios que actualmente reciben estudiantes indocumentados inscritos en instituciones de la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Varios estudiantes consideran que el litigio podría obligarlos a abandonar sus estudios debido a la diferencia significativa entre las tarifas para residentes y no residentes. Jocelyn, una estudiante de 22 años que cursa su tercer año en CUNY y emigró de México cuando era niña, aseguró que la matrícula estatal le permitió asistir a la universidad prácticamente sin costo durante sus primeros dos años, indicó el medio.
“Quitar la matrícula reducida significaría arrebatar los sueños a muchos”, afirmó la joven, quien pidió ser identificada únicamente por su nombre de pila. Es la primera integrante de su familia en asistir a la universidad y participa en un programa juvenil de Make the Road New York, organización que defiende los derechos de los inmigrantes.
Dijo que el acceso a la matrícula estatal también redujo la presión económica sobre su familia y le permitió concentrarse en sus estudios en lugar de aumentar sus horas de trabajo para poder pagar la universidad.
La estudiante aspira a trabajar en el sector sanitario después de una experiencia personal relacionada con su familia. Este otoño comenzará el programa de diagnóstico por imagen médica en LaGuardia Community College, en Long Island.
Sin embargo, el posible incremento de sus costos universitarios amenaza con alterar sus planes porque ella vive en Staten Island y debe trasladarse diariamente hasta Queens, un recorrido que ya representaría un esfuerzo importante.
“Me resultaría mucho más difícil concentrarme en el trabajo y no en mi carrera. O tener que pasar de un trabajo a tiempo completo a uno a tiempo parcial. O abandonar los estudios. La universidad no es accesible para todos. Y en este caso, ya no sería accesible para mí”, dijo.
La diferencia en el costo
La matrícula anual para estudiantes residentes en la Universidad Estatal de Nueva York es de $7,070 dólares frente a $17,730 dólares para quienes provienen de otros estados. En la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el costo es de $6,930 dólares para residentes y $18,600 dólares para estudiantes de fuera del estado.
Las tarifas son inferiores en los colegios comunitarios, como LaGuardia Community College, donde estudia Jocelyn.
Para acceder a la matrícula estatal, los estudiantes indocumentados deben haber asistido durante al menos dos años a una escuela secundaria de Nueva York y solicitar su admisión a SUNY o CUNY dentro de los cinco años posteriores a su graduación.
Otra estudiante, Dulce, de Queens, también primera universitaria de su familia, teme que las nuevas acciones legales terminen cerrando oportunidades para jóvenes inmigrantes. Su objetivo es convertirse en abogada y ejercer en el ámbito penal.
“Mi objetivo después de la universidad es estudiar derecho y ejercer la abogacía penal, y usar mi formación para contribuir a este país”, expresó en un comunicado enviado a través de Make the Road New York citado por Daily News.
La joven también cuestionó la posibilidad de regresar a una época en la que los estudiantes inmigrantes tenían menos oportunidades de progreso y se veían obligados a aceptar empleos con bajos salarios y condiciones laborales deficientes.
El gobierno federal ha presentado acciones contra 17 estados por políticas que permiten a determinados estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula reservadas para residentes.
Algunos estados gobernados por republicanos alcanzaron acuerdos con la administración federal y pusieron fin a este tipo de beneficios. En Illinois, un juez federal declaró inconstitucional la ley estatal tras fallar a favor del gobierno de Trump, mientras que en Minnesota, por el contrario, otro juez desestimó la demanda federal, una decisión que posteriormente fue apelada por la administración.
“Nuestros esfuerzos no cesarán hasta que se cumpla la promesa del presidente Trump: los inmigrantes indocumentados no recibirán beneficios que se les niegan a los ciudadanos de nuestra nación”, afirmó Stanley Woodward, fiscal general adjunto de Estados Unidos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sostiene que la legislación estatal es legal y que el estado está preparado para defenderla.
“Nuestra oficina confía en que la ley de Nueva York es legal y se hará cumplir, y estamos evaluando todas las opciones para evitar posibles consecuencias para nuestros estudiantes”, declaró Emma Wallner, portavoz de la gobernadora.
Agregó que la administración Trump debería dejar de intentar limitar el acceso de los estudiantes neoyorquinos a la educación superior.
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