La directora de la organización en Puerto Rico cuestionó la movilización de agentes en zonas de población inmigrante, documentadas en redes sociales
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico denunció un esquema sistemático de hostigamiento y violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra extranjeros, una alerta que surgió tras intervenciones iniciadas el jueves y mantenidas durante todo el fin de semana.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de ACLU Puerto Rico, cuestionó la movilización de agentes en zonas de población inmigrante, cuyas acciones fueron documentadas mediante videos difundidos en redes sociales.
“Rechazamos enérgicamente el despliegue masivo de agentes del ICE que, de manera amenazante y armados con rifles, continúan ocupando las calles de comunidades donde se sabe que viven residentes inmigrantes”, declaró Martínez Orabona en un documento oficial.
La organización sostiene que ICE emplea métodos discriminatorios mediante arrestos sin órdenes judiciales, separación de familias y obstaculización de procesos migratorios vigentes, informó The San Juan Star Daily.
Garantías constitucionales ante agencias federales
Ante el incremento de las intervenciones, la directiva recalcó que los ciudadanos poseen la facultad legal de grabar, monitorear y protestar pacíficamente durante las labores oficiales: “Ese derecho está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución”, aseguró Martínez Orabona.
La ACLU recordó represalias previas contra ciudadanos en Estados Unidos, incluyendo uso de la fuerza contra observadores e intimidación a críticos de controles migratorios. Como antecedente de presunta mala conducta federal de inmigración citaron el litigio legal Tincher v. Noem en Minnesota.
Acusaciones contra el gobierno puertorriqueño
El reclamo de ACLU también incluyó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y al secretario de Transportes y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, de facilitar estas operaciones cediendo voluntariamente datos confidenciales y direcciones residenciales de más de 6.000 inmigrantes en Puerto Rico.
“Tanto el gobierno federal como el estatal son responsables de la escalada de violencia que estamos viendo por parte del ICE”, sentenció la directora.
Hasta el momento de la publicación del comunicado, los portavoces del ICE y los funcionarios del gobierno de Puerto Rico no han emitido respuestas oficiales a las acusaciones civiles.
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