Margarita estaba a un lado de la puerta de la sala donde atiende la jueza Jean Kilker en la corte migratoria de 26 Federal Plaza, en la ciudad de Nueva York, pero del otro lado del pasillo había una fila esperando ingresar también a la sala 24. Ella iba con un bebé, tres niños menores de 10 años y una adolescente.
“Se supone que acá era la fila”, expresó Margarita sorprendida cuando la asistente de la jueza Kilker comenzó a permitir el ingreso a la sala. Ella empujó la carreola y se puso frente de la asistente, mostrando su cita para ese día. Se sentó en la tercera y última fila del lado izquierdo de la sala; ella y su familia ocuparon toda la banca. Margarita tuvo que amamantar a su bebé, quien expresaba cierta desesperación. La pequeña sala ya estaba llena: cinco bancas en las que caben cuatro o máximo cinco personas. Había otras personas de pie, inmigrantes y sus abogados.
La corte migratoria está en el piso 12 del edificio de 41 pisos -conocido oficialmente como Jacob K. Javits– ha sido punto neurálgico en las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump en la ciudad de Nueva York. También es sede de oficinas y un centro de procesamiento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a donde diariamente acuden decenas de personas a sus citas de revisión de casos. El lunes 10 de agosto, cuando se hizo el recorrido, hubo bastante circulación de personas, pero no estaba saturado.
Ingresar al edificio es simple, pero puede ser tardado y complejo lidiar con los guardias de seguridad. Frente a la entrada hay una barricada metalizada que delimita dónde debe formarse la gente; ese día la fila se mantuvo con al menos 10 personas en espera durante varios periodos, hasta que un guardia de seguridad pide la identificación y el motivo de la visita antes de permitir pasar al punto de revisión dentro del inmueble, donde los oficiales de Allied Universal Security guiarán con poca amabilidad a los visitantes. Hay que colocar bolsos, mochilas y otras pertenencias en charolas color gris; separar las computadoras y otro equipo electrónico. Algunos guardias exigen a las personas quitarse los zapatos, peo otros ni siquiera lo mencionan.
Pasado el filtro de seguridad, incluido el detector de metales, las personas pueden subir al piso 12 sin guía alguna. En la corte migratoria, a diferencia de otras oficinas gubernamentales, el piso carece de un mostrador de recepción. Los pasillos se sienten como los de un hospital: luces frías y estériles, paredes de un blanco opaco y un sinfín de puertas grises. En los pasillos hay varios letreros que piden guardar silencio, debido a las audiencias en curso. Aunque hay solo un par de pasillos entre los elevadores, se siente como un laberinto; la falta de un directorio claro obliga a confiar completamente en la Notificación de Comparecencia que los inmigrantes deben llevar, para ubicar la sala que les corresponde, muchos se notan desorientados.
En esos pasillos se ha visto a agentes federales detener a inmigrantes saliendo de audiencias ante un juez, incluso el ex contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, fue detenido por agentes, señalado por intentar interferir en acciones federales. No enfrentó acusaciones, pero su caso dio mayor visibilidad a los inmigrantes en la corte y ya no se han visto escenarios similares.
Los inmigrantes con abogados tienen prioridad
La jueza Kilker ingresó poco antes de las 8:30 a.m. para atender las peticiones de asilo y tomar decisiones de deportación. Había inmigrantes de Haití, China, Georgia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pakistán y Venezuela. Todos enfrentan un proceso de deportación, a menos de que se autorice su petición de asilo, un proceso que la administración Trump ha endurecido.
Los primeros casos atendidos fueron aquellos donde las personas contaban con un abogado. Conforme avanzaron las audiencias fueron claros los motivos de tal decisión: tener una representación legal facilita a la jueza explicar un proceso y obtener respuesta sobre aspectos adicionales en un caso.
El primer caso fue el de José Valentín Cruz Quezada, quien iba con su esposa y un niño. La jueza Kilker le otorgó una fecha adicional de audiencia, para el 30 de noviembre, debido a que estaba pendiente una decisión de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
En las audiencias debe estar presente siempre un fiscal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en este caso Mr. Kennedy, de quien no se dijo su primer nombre. Él indicó que se haría una petición de deportación de Cruz Quezada dependiendo de la decisión de USCIS.
En cada caso el proceso fue similar. Así fueron desfilando los inmigrantes: Esperanza, Eduardo, Muhammad, Ahmed, Wu, Dana, Leandro, Daniel, Carlos, José, Josefa, Aiyubkhon, Fabiana. Durante casi las primeras dos horas, el proceso fue sencillo, debido a que los inmigrantes tenían un abogado presente.
En otros casos la situación fue compleja, no solamente por la falta de abogados, sino también por la necesidad de traductores. En la sala estaba una intérprete para español. Al teléfono se conectó otra intérprete para traducir del criollo haitiano, pero hubo problemas para escucharla claramente. La jueza Kilker advirtió al menos en tres ocasiones el problema. Ambas tradujeron los “Avisos de Derechos”.
La importancia de planear la cita a la corte
La jueza Kilker mostró empatía con los inmigrantes, incluso observaba con quiénes iban y elogió a los niños de una pareja. “Muy lindos niños”, dijo. Karina, la madre, agradeció el gesto. Sin embargo, la jueza no estuvo complacida con la respuesta sobre por qué debía otorgar otro aplazamiento de audiencia. La excusa es que la señora no tenía abogado. “Ha sido muy difícil conseguir abogado”, afirmó Karina sin ahondar en los motivos de tal dificultad. Su siguiente audiencia será en enero de 2027.
En la ciudad de Nueva York y otros estados hay diversas organizaciones que ofrecen asesoría legal a bajo costo o en forma gratruita. Incluso la jueza Kilker pidió a su asistente distribuir a los inmigrantes sin abogados información sobre representantes legales avalados por el Departamento de Justicia, del que depende la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), conocida comúnmente como “cortes migratorias”.
Antes de ingresar al edificio federal incluso una voluntaria entregó a estos periodistas un volante con información de abogados de bajo costo o gratuitos, como el Team TLC Kidness Center, RIF Asylum Support y el South Brooklyn Sanctuary. El papel incluye recomendaciones básicas: tomar fotos de documentos oficiales y enviarlas al contacto de emergencia e incluso escribir en un brazo el número telefónico de algún contacto de emergencia, debido a las detenciones que ocurren afuera de las cortes.
“Expresa que tienes miedo de volver a tu país y que tienes temor de ser lastimado en otros países también”, dice el volante. “Pide más tiempo para responder la moción, obtener asesoría legal o reclamar un documento”. Todo eso ocurrió en algunos de los casos atendido por la jueza Kilker. Ella incluso lo preguntaba a los inmigrantes: “¿Necesita más tiempo para encontrar a un abogado?”, expresó en varias ocasiones, como en el caso de Scarlet, originaria de Nicaragua, quien incluso afirmó que fue notificada de que su gobierno la desterró y ni ella ni su hijo podían volver. “No creo que eso sea cierto”, lanzó la jueza, pero le dio una nueva fecha de audiencia para el 30 de noviembre.
El recorrido por la corte estuvo alejado de aquellos días donde incluso se reportan audiencias multitudinarias, en las cualquier persona podría obtener una orden de deportación por ausencia. En esta ocasión, al menos en la sala de la jueza Kilker fue un buen día para los inmigrantes: ninguno obtuvo una orden final de deportación. Incluso Margarita recibió una buena noticia: el caso de su sobrina de 15 años está integrado al suyo, mientras concreta la custodia de la niña, cuya madre murió recientemente, aunque está claro que para Margarita –y todos los inmigrantes atendidos ese día en la corte– todavía falta un complejo camino por recorrer.
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