“Dolor”. “Más dolor”. “Mucho más dolor”. “Desespero, frustración, angustia e infelicidad”, con estas palabras describe su vida el colombiano Johnatan González. A pesar de hablar con mesura, el exingeniero, de 57 años, de Queens, asegura estar “harto de vivir” y tener muchas ganas de “irse a descansar ya”.
No es que no ame la vida o que haya sido infeliz, todo lo contrario, afirma haber “vivido en la gloria”, mientras estuvo saludable. Su sentir proviene del “constante dolor físico” y “desgaste mental y emocional” que le produce una seria enfermedad terminal que lo tiene hace un par de años literalmente postrado en una cama, lleno de dolores insoportables y sin ningún futuro ni ninguna expectativa de mejoría.
“Quiero irme, pero quiero irme bien. Irme tranquilo, sin sufrimiento adicional y sin hacer nada dramático que ponga mal a mi familia. Es un derecho que como ser humano creo que tengo“, dice el paciente terminal, con resignación.
Y su agonía pronto pudiera terminar si la llamada “Asistencia médica para morir” ve la luz. La norma, que debería entrar en vigor a partir del próximo 5 de agosto, permitiría en todos los rincones de Nueva York, que adultos mayores de edad que, como González, padecen enfermedades terminales que no les permiten vivir dignamente, puedan poner fin a sus días. A menos que un tribunal la frene.
Y es que la nueva ley, firmada el pasado mes de febrero por la gobernadora de Nueva York, Khaty Hochul, aunque legaliza la opción para que ciertos adultos con enfermedades terminales obtengan una receta de medicamentos para autoadministrárselos, dejando abierta la opción de tener una muerte “pacífica y cómoda” ahora enfrenta una batalla en los estrados judiciales.
En un hecho que se veía venir, más allá del apoyo de neoyorquinos que ven con buenos ojos que se de luz verde a la opción de terminar con la vida de manera asistida cuando el sufrimiento clínico es insoportable, la ley divide a los neoyorquinos. Otros, especialmente movidos por sus principios religiosos, piden echar la medida hacia atrás, y la rechazan de tajo, pues la califican como un “suicidio”, y “un pecado mortal que condena”.
Un grupo de demandantes católicos presentaron una demanda hace unos días, en las que argumentan que la ley de asistencia médica para morir va contra la libertad religiosa, y ahora el asunto deberá ser revisado en los tribunales.
A través de la organización The Becket Fund for Religious Liberty, monjas católicas y proveedores de atención médica que durante muchos años han cuidado a enfermos terminales de Nueva York, reclaman que la ley de suicidio asistido los obligaría a violar sus creencias religiosas ya que estarían siendo parte de un procedimiento que rechazan y ven como moralmente incorrecto.
La demanda, levantada entre otros por las Hermanas Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Carmelitas de los Ancianos y Enfermos, las Hermanitas de los Pobres, la Diócesis de Rockville Centre y Catholic Health, obligaría a los proveedores de salud religiosos no solo a asesorar a pacientes terminales sobre el suicidio asistido sino también a remitirlos a proveedores e incluso ayudarlos a que se lleve a cabo en los lugares donde prestan sus servicios.
“Durante más de 125 años, hemos atendido a los pobres que mueren de cáncer como si fueran el mismo Cristo”, manifestó la Madre Marie Edward, O.P., Superiora General de las Hermanas Dominicas de Hawthorne, al tiempo que recalcó que su misión es ayudar a respetar y defender la vida.
“Nuestra vocación es ofrecer consuelo, oración y una atención médica amorosa a quienes viven sus últimos días, no la muerte”, recalcó la religiosa. “Oramos para que el tribunal proteja nuestra libertad de permanecer fieles a ese ministerio que Dios nos ha confiado”.
Pero ese sentir parece no estar solo en los demandantes. Y es que a pesar de que neoyorquinos latinos como Lucecita Marín, quien afirma haber visto morir con mucho dolor a su padre, debido a un cáncer agresivo, respalda plenamente la ley del suicidio asistido, su propia hermana, Gladys Marín, se opone.
A la salida de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los lugares más conocidos de congregación de feligreses latinos en la Gran Manzana, las hermanas dejaron ver su diferencia de posturas.
“Yo pienso que nadie debería tener que pasar por meses de dolor extremo y desespero cuando ya los médicos le dicen que no hay nada que hacer. Y aunque creo firmemente en Dios, también pienso que él es un ser de amor y no quiere que nosotros suframos de más cuando una enfermedad terrible nos agarra”, dice la mayor de las Marín, al tiempo que agrega que una ley como la que debería entrar en vigor el 5 de agosto hubiera hecho menos dolorosa la partida de su padre.
“Mi pobre papacito se quejaba y lloraba de dolor. Las semanas finales ya no quería hablar con nadie ni ver a nadie. El desespero lo consumía. La morfina ya no le servía. Eso no es lo que uno quiere para la gente que ama y si la ley hubiera existido, estoy segura que hubiera sido un alivio”, agrega la salvadoreña.
Sin embargo su hermana no apoya ese sentir y recalca que “solo Dios es el encargado de quitar la vida, porque él la da”, y espera que la ley no pueda ser implementada.
“Yo entiendo a las monjitas que demandaron eso, porque como nos van a decir que como fieles católicos tenemos que ayudar a que alguien se suicide. Dios defiende la vida no la muerte”, comentó la maestra de escuela. “Dios nos pone prueba, y a veces muy duras y dolorosas, pero solo él sabe porque hace sus cosas y como fieles creyentes tenemos que respetar eso. No es justo que una ley nos imponga cosas en contra de nuestra fe”.
Lucas Gordillo, originario de México, también manifiesta una posición similar y asegura que lo que debería existir es más inversión en investigaciones para que se encuentre cura a enfermedades graves o remedios para el dolor, pero no legalizar la opción de que alguien acabe con sus días con ayuda médica.
“Hasta donde yo sé, Dios es el dueño de nuestras vidas y los médicos están para salvar vidas no para quitarlas ni para ayudar a que alguien se mate solito. Eso no me cabe en la cabeza”, dice el padre de familia poblano, mientras termina de definirse el futuro de la nueva normativa que enfermos terminales como Johnatan González esperan que comience a regir para “irse tranquilo”, “irse bien” y acabar con su sufrimiento.
La gobernadora Hochul ha defendido la ley afirmando que forma parte de la defensa de las libertades y el derecho a la autonomía corporal de los neoyorquinos, de los que dice incluye el derecho de los enfermos terminales a poner fin a sus vidas de “manera pacífica y cómoda, con dignidad y compasión”.
“Este camino fue profundamente personal para mí. Ser testigo del sufrimiento de mi madre a causa de la ELA fue una experiencia desgarradora, al saber que no había nada que pudiera hacer para aliviar el dolor de alguien a quien amaba”, comentó tras la aprobación de la ley. “Fueron necesarios años de conversaciones íntimas con los impulsores del proyecto de ley, expertos en salud, defensores de la causa y, lo más importante, con familias que han vivido experiencias similares en carne propia. Los neoyorquinos merecen la opción de padecer menos sufrimiento; no acortando sus vidas, sino acortando su agonía”.
Datos sobre la ley
- 6 de febrero de 2026 la gobernadora Hochul firmó la normativa
- 5 de agosto es la fecha pautada en que debería entrar en vigor
- 17 de julio un grupo de monjas y médicos presentó la demanda contra la ley
- Para ser elegible para el suicidio asistido, una persona debe cumplir tener 18 años o más, ser residente de Nueva York, padecer una enfermedad terminal que, según la determinación de dos profesionales médicos, se espera que cause la muerte en un plazo de seis meses.
- Tener capacidad mental para tomar una decisión informada sobre la atención médica.
- Ser capaz de autoadministrarse el medicamento.
- Según la ley, un médico puede recetar el medicamento para poner fin a la vida, pero otra persona no puede administrarlo; debe ser autoadministrado.
- Padecer una enfermedad terminal confirmada por dos médicos como incurable e irreversible, y que se prevea causará la muerte en un plazo de 6 meses.
- Tener capacidad mental para tomar una decisión informada sobre su atención médica.
- Someterse a una evaluación obligatoria de salud mental realizada por un psicólogo, psiquiatra o neurólogo.
- Realizar solicitudes verbales y por escrito de MAID, presenciadas por dos personas (que no sean familiares, beneficiarios ni personas que puedan obtener un beneficio económico).
- Esperar 5 días entre la prescripción y la dispensación del medicamento (a menos que el médico determine que el paciente no sobrevivirá ese periodo).
