Un juez de Nueva York ordenó a la Administración de Zohran Mamdani rehacer la implementación de su impuesto a las segundas residencias de lujo, y calificó de “arbitrarias” unas notificaciones enviadas a propietarios que, en realidad, no estaban sujetas a este gravamen.
El fallo del magistrado Wayne Ozzi, de Staten Island, responde a una demanda interpuesta el pasado agosto por tres propietarios de inmuebles que alegaban haber recibido cartas informando de que sus viviendas estaban sujetas a este impuesto pese a que eran sus residencias principales.
Los demandantes también acusaron a la ciudad de haber hecho públicos, en un registro en la página web del Departamento de Finanzas (DOF), los nombres de propietarios y las direcciones de sus residencias, así como los valores de mercado de más de 900,000 propiedades que, en un principio, podrían estar sometidas a este cargo.
“Los propietarios están siendo perjudicados y penalizados de manera innecesaria debido al método de implementación de la ley”, apuntó Ozzi en su fallo.
El juez ordenó a la Administración de Mamdani que retire la lista del sitio web del DOF, aunque le permitió sustituirla por otra en la que figuren únicamente aquellos propietarios que realmente deban abonar este impuesto.
Asimismo, declaró como “arbitrarias y caprichosas” las notificaciones enviadas por correo a los demandantes, y afirmó que estas “vulneran sus derechos a un proceso con las debidas garantías”.
“Los demandados no realizaron debidamente ‘determinaciones iniciales’ individualizadas con respecto a las ‘residencias principales’. Se ordena que utilicen la información fiscal más reciente disponible”, anotó.
“Dicho análisis se aplicará al ejercicio fiscal actual, así como a los ejercicios fiscales siguientes”, explicó.
En su querella, los propietarios indicaron que solo hay 24,000 propiedades en la ciudad que cumplen con los umbrales de valor de mercado que requiere el gravamen, de las cuales la mayoría son primeras residencias, pero que la ciudad envió notificaciones a más del 70% de estas viviendas.
El denominado ‘pied-à-terre’ fue aprobado el pasado mayo por los legisladores del estado de Nueva York y afecta a los inmuebles de una a tres familias valorados en $5 millones de dólares o más, así como a cooperativas y condominios con un valor de un millón de dólares o más.
La ciudad de Nueva York ya presentó una apelación al respecto.
“La decisión del lunes es errónea, y solicitaremos la suspensión de la orden judicial. Con la suspensión, continuaremos aplicando el recargo de manera justa, eficiente y en pleno cumplimiento de la ley, como lo hemos hecho desde el primer día. Nueva York es una ciudad para todos, no un paraíso fiscal para unos pocos ricos”, declaró la ciudad en un comunicado.
Con información de EFE
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